VIEDMA (AV).- Un mayor protagonismo de los municipios y los amparos colectivos que actúen en defensa de los consumidores, fueron los puntos más importantes que se abordaron durante el Encuentro Nacional del Derecho del Consumidor realizado en esta capital.
Entre las conclusiones se destacaron que el derecho del consumidor muestra un notable avance plasmado en el reconocimiento normativo de los derechos de los consumidores y los instrumentos de protección.
Sin embargo, los asistentes consideraron que resulta necesario profundizar la tarea de implementación de los derechos reconocidos especialmente a través de un mayor activismo de los organismos públicos en la concreción de políticas de defensa de los consumidores y usuarios.
Se estableció la necesidad de atender prioritariamente a las herramientas de prevención de los conflictos de consumo, para evitar la judicialización de los mismos, y la sobrecarga de los organismos de defensa del consumidor, que podrían dedicar mayor recurso técnicos y humanos a la diagramación de políticas de protección.
Se concluyó en que debe concretarse la educación e información para el consumo como una de las herramientas jurídicas de prevención más importantes sancionadas por el sistema de defensa del consumidor.
Los asistentes destacaron la importancia de los procesos judiciales colectivos como método de solución efectiva de conflictos de consumo, remarcándose la necesidad de ahondar en la utilización de dicha herramienta jurídica para obtener la solución de una cantidad importante de casos idénticos, y evitar la reiteración de conductas daños similares (aspecto preventivo de la sentencia dictada en el proceso judicial colectivo).
Se determinó que el procedimiento administrativo de defensa del consumidor conforma una de las herramientas mas eficaces para la obtención de soluciones rápidas, efectivas y gratuitas, siendo necesario que beneficie a mayor cantidad de personas posibles. Ello deberá realizarse a través de la delegación de funciones en los municipios, según las conclusiones.
Río Negro ya tiene una norma, pero resta que algunos municipios adhieran.
