NEUQUÉN (AN)- El Consejo de la Magistratura, organismo encargado de seleccionar a los futuros jueces de la provincia y de evaluar a los actuales, se niega a cumplir con un fallo judicial.

Por esta insólita situación debe pagar una multa de 100 pesos diarios, según lo dispone una resolución conocido ayer.

El fallo que el Consejo de la Magistratura desoye lo obliga a exhibirle a la contadora Noemí Díaz las actas en las que constan los motivos por los cuales la despidieron una semana después de haberla designado como directora de Planificación, Contaduría y Tesorería del organismo.

La designación y el despido ocurrieron en marzo. Desde entonces, Díaz intenta que le expliquen los motivos. Después de mucho insistir sin obtener respuesta presentó un recurso de amparo que el juez Enrique Videla Sánchez resolvió a su favor el 23 de agosto pasado. Un mes después lo confirmó la sala III de la Cámara Civil.

Pero aún así, las actas siguen sin aparecer. Por eso el juez subrogante de primera instancia, Videla Sánchez, le aplicó una multa diaria -astreintes, en el lenguaje técnico- de 100 pesos.

Cuando nada parecía predecirlo, este episodio se está convirtiendo en caso testigo de los problemas que tienen los particulares para acceder a la información pública.

El abogado de Díaz, Pablo Gutiérrez Colantuono, calificó al caso de "vergüenza institucional".

En declaraciones a "Río Negro" se preguntó "qué ocultan" el Consejo y la fiscalía de Estado, que lo representa en este juicio.

"La reticencia del Consejo sumada a la actitud irresponsable de fiscalía de Estado de defender una conducta antirrepublicana no hace más que mostrar la falta de respeto por las instituciones en nuestra provincia y la clara sujeción de estos nuevos y viejos poderes a un interés superior del ocultismo", agregó.

Recordó que el Consejo está presidido por un vocal del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Sommariva, quien "no se somete al veredicto de un juez de ese Poder Judicial que él comanda". En el Consejo también hay representantes de los partidos políticos y abogados.

"Gravedad institucional"

Tras indicar que se trata de un suceso "de una gravedad institucional mayúscula, que trasunta un desprecio por las órdenes judiciales pocas veces visto en la historia del Poder Judicial", el abogado lo puso en un contexto de "deterioro institucional".

En ese sentido, mencionó el cobro de un plus salarial por parte de algunos vocales, el intento de reformar tres códigos procesales en un mes, y remarcó que "son los que hablaron de un Poder Judicial fuerte, con nuevos edificios y sueldos altos, mientras vaciaban de Justicia a esos mismos edificios".

Por último se preguntó si "podrán las nuevas autoridades electas devolver la institucionalidad a nuestra provincia".