NEUQUÉN (AN).- En la década del '90, el empleado de la municipalidad de Neuquén Miguel Ernesto Labrí, fue designado para cuidar la que por entonces era conocida como "la isla del balneario de Neuquén". Simplemente así. Hoy nadie osaría usar tan vaga denominación para la Isla 132 pues se trata de la médula misma del multimillonario proyecto Paseo de la Costa, acaso el desarrollo urbano más importante de todos los que se llevan adelante en la región.
Desde que le dijeron "vaya y cuide" Labrín alternó entre la casita que tenía en la isla que ya estaba allí y su propia vivienda familiar, ubicada unas cuadras más allá de la ribera del río Limay, en la calle Purmamarca. A la isla solía ir con cierta regularidad, con su esposa Felisa Sandoval y alguno de sus siete hijos. Todo estaba tranquilo, y Labrín disfrutaba de esa vida en contacto con la naturaleza. Y si bien las comodidades eran pocas (sin gas ni electricidad), todo se compensaba porque le bastaba con ir al que era su puesto de trabajo y cobrar a fin de mes. Tal y cual la vida de un puestero pero con sueldo estatal.
La historia que sigue se funda en la resistencia administrativa que Labrín opuso luego de que el 31 de enero de 2001 se constituyera la Corporación para el Desarrollo Integral de Neuquén (Cordineu), una entidad que agrupa al Estado provincial y al municipio capitalino y está encargada de desarrollar el Paseo de la Costa. Esa resistencia se potenció el 16 de mayo de 2003 cuando se inició el proceso para desalojarlo, aunque fueron escasas las pruebas que presentó Labrín que, como consta en el expediente, nunca puso siquiera en duda la legitimidad de la acción municipal.
En medio de una compleja y extraña cadena de hechos se mezclan situaciones políticas y judiciales y subyace un escándalo por varios millones pesos. El caso no está cerrado.
Los hechos
El hombre de la isla (exonerado de su cargo en la municipalidad) fue contradictorio e insolvente a la hora de justificar su postura y el desalojo se hizo sin mayores sobresaltos. Lo llamativo vino después, este año, cuando el juez Juan Marcelo Medori subrogante del juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial y de Minería 5 tuvo que fijar honorarios a los profesionales que intervinieron en la causa.
El 6 de marzo de 2007, Medori reguló algo más de 14.000 pesos para todos los actuantes, abogados y perito tasador. Pero dos semanas más tarde llevó las cifras a más de 12 millones de pesos, ¿qué pasó? y ¿qué usurpador podría pagar semejante suma?
Es que ante la probada insolvencia de Labrín los honorarios deberían ser oblados por el organismo que inició el proceso, la propia Cordineu, una sociedad entre la municipalidad y la provincia. Llamativamente Medori cambió su postura apenas 24 horas después de recibida una apelación de los abogados ante la Cámara, por bajos honorarios.
Para algunos, por ejemplo el mismo Labrín, el caso es un claro intento de estafa contra el Estado municipal. Para otros, la decisión judicial deriva de una fiel interpretación de la ley que rige cualquier desalojo: la ley provincial 1594 que establece que los honorarios deben fijarse entre el 5 y el 11% del inmueble en litigio. Fue por eso que en menos de dos semanas el juez Medori cambió su regulación de 14.000 pesos a una más de 12 millones.
Con una tormenta en ciernes y previa intervención de la fiscalía de Estado de la provincia de Neuquén, el magistrado retrocedió y el 5 de junio aceptó que no eran razonables los honorarios que había fijado tres meses antes.
Hay una tibia justificación para semejante descalabro: Medori valuó primero sobre la modestísima vivienda que "ocupó" el isleño (30 metros cuadrados) y después lo hizo por todo el espacio, 521.200 metros cuadrados de toda la isla, a 60 dólares por metro.
Las acciones llamativas no sólo están en los giros del juez.
Los abogados a los cuales Medori fijó los suculentos honorarios son Marcelo Gamarra (ex director de Asuntos Jurídicos de la municipalidad) y su socia Nazarena Davil, también empleada municipal. Sin embargo, Gamarra, quien ahora es secretario de Servicios Públicos, representó a Cordineu como apoderado y no como director de Asuntos Jurídicos o abogado municipal. Es decir, para este caso, él y su socia eran abogados particulares como podría haberlo sido cualquier otro letrado del foro neuquino. Por eso, es curioso que ambos hayan fijado domicilio en Avenida Argentina y Roca, la sede del Palacio Municipal.
Durante la investigación de este diario se conocieron datos contundentes y fechas que, por su cercanía, resultan por demás sugestivas.
A saber: el 6 de marzo de 2007 Medori reguló honorarios por un total de 14.795 pesos (2.818 para Gamarra, 7.045 para Davil, 4.932 para Alberto D'Elía abogado de Labrín y 250 para el perito Angel Wálter Saldaña). El 19 de ese mes (13 días después), Gamarra y Davil definieron estrategias. Fijaron domicilio en su estudio particular, apelaron los honorarios por bajos y aconsejaron que se respeten los criterios de la ley 1594. Allí le recordaron al juez que el perito tasador había valuado las 52 hectáreas a razón de 186
pesos el metro cuadrado (los 60 dólares) y le remarcaron que "el porcentaje mínimo que debió regular es del 5,5% sobre el valor del inmueble". Los abogados tuvieron satisfacción inmediata, al día siguiente el juez llevó los honorarios a casi 12 millones y medio de pesos: 5.816.592 para Gamarra, 2.326.636 para Davil, 4.071.614 para D'Elía y 250.000 pesos para Saldaña. Más allá de la desproporción no se advierte por qué en esta instancia Gamarra recibió una compensación que sobreduplicó a la de su colega.
¿Podía pagar Miguel Ernesto Labrín esa deuda? La respuesta es un rotundo no: quien debía responder entonces era Cordineu es decir la provincia y la comuna o su defecto la municipalidad de Neuquén, que al ceder la Isla 132 a la Corporación para el Desarrollo Integral de Neuquén (Cordineu) no lo hizo libre de ocupantes.
Miguel Ernesto Labrín nunca vivió tiempo completo en la isla, sólo iba con regularidad y jamás impidió el trabajo de las máquinas que iniciaron las obras. De hecho durante el proceso hubo tres visitas de oficiales de justicia y nunca lo encontraron. Sin embargo, a partir de su desalojo se generó un posible multimillonario perjuicio para el Estado, contrarrestado ante un muy probable futuro escándalo.
El juez Medori fue consultado pero pidió no hablar mientras se cierra el caso. Existe una denuncia penal contra Gamarra, quien ya no es abogado de Cordineu. Tampoco lo es Davil. Fueron reemplazados por Alberto Targize y Alejandro Diez. Targize se disculpó de hacer declaraciones. D'Elía fijó una fecha de entrevista pero no concurrió.
RODOLFO CHÁVEZ
