La injusta y dolorosa muerte del docente Carlos Fuentealba, hace siete meses, no sólo dejó al desnudo la represión homicida llevada a cabo en Neuquén contra una marcha pacífica de maestros sino también la reiterada impotencia de los trabajadores de la educación para que se les reconozcan sus derechos, en una realidad gubernamental que los ignora y degrada.

Sin conocimiento, o sea, sin educación, es imposible pensar en participar con personalidad propia en la cultura global actual. La soberanía de los estados depende, ahora como nunca, del valor agregado que cada uno de ellos tenga en inteligencia y capacidad de sus mujeres y hombres. El intelecto activo y desarrollado es el verdadero presupuesto para que un país sea algo y pueda tener presencia en el concierto de las naciones. La verdadera puja, en el llamado Primer Mundo, se desenvuelve en el ámbito del conocimiento y de la información.

Asimismo, la posibilidad de educarse adecuadamente determina el grado de oportunidades que tendrán los pueblos y cada persona en la vida.

En ese fundamental desafío educativo el gran artífice ha sido y es el docente quien, en su entrega personal, ayuda a dar la mano a las generaciones para introducirlas en el campo del conocimiento. El acto humano del encuentro entre el educador y el educando no se sustituye con edificios y computadoras; mas ese docente debe ser reconocido espiritual y materialmente para que su noble tarea le garantice dignidad y él pueda darle excelencia.

No hay educación posible en calidad y calidez sin un docente motivado y reconocido espiritual y materialmente. Y aún más: sin docentes dignificados es inalcanzable un nivel formativo superador.

En este contexto, no es novedad que el deterioro del sistema educativo del país sea grande y tienda a agravarse particularmente, además, porque se agranda la brecha entre la educación paga y la educación pública gratuita.

A su vez, al atacarse de muerte a la escuela pública en sus posibilidades, se está matando el único puente que permitió forjar una sociedad igualitaria. En nuestro país, fue la educación pública la que garantizó siempre la permeabilidad social. El hijo de hogares humildes, desde esa enseñanza, con esfuerzo, pudo soñar y logró progresar.

Poco a poco la indiferencia ante los problemas de los docentes aumenta el dolor personal de quienes ejercen esa noble tarea y, en definitiva, se va anudando en el alma de quien debe formar a las nuevas generaciones una cadena de frustración y marginación que, por el momento, no se ha traducido en cátedras de resentimiento pero ¿cuánto tiempo puede aguantar el espíritu sin envenenarse y envenenar a los educandos que debe ayudar a realizar e integrar a la construcción conjunta de la nación?

A todo esto, en la Argentina de las contradicciones y de la incultura en el respeto del derecho, se deja en contraste lo pregonado en la Constitución nacional y en las constituciones provinciales, las que sostienen la necesidad de garantizar, por parte del Estado, una educación igualitaria y de buen nivel para todos.

Cuando la consideración económica al sector docente y el ámbito laboral de desempeño de su tarea están en su punto crítico es cuando más se incumplen los mandatos constitucionales específicos en el tema. Tal es el caso de lo dispuesto por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumento éste adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y aprobado por la Argentina mediante la ley 23.313. Dicho pacto de derechos humanos luego adquirió rango constitucional al haber sido incorporado, en 1994, a la carta magna (inciso 22 del artículo 75 de la Constitución).

El referido tratado internacional, entre otros importantes aspectos, establece que los estados partes y firmantes como nuestro país se comprometen a asegurar "el derecho de toda persona a la educación y reconocen que, con el objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho, se deben mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente" (artículo 13, apartado 2, inciso "e").

Es tan importante este objetivo estratégico de educar que dicha norma, a diferencia de otros mandatos constitucionales, fija una pauta dinámica para la determinación de la retribución de los docentes y de los demás requerimientos necesarios para cumplir debidamente la práctica. Establece que siempre se debe estar pendiente de mejorar las condiciones materiales al sector y, por tanto, todo lo que se haga en ese aspecto siempre debe entenderse insuficiente.

No podemos ser indiferentes ante ello, y menos si en la búsqueda del reconocimiento debido a los trabajadores de la educación una represión ilegal truncó la vida de Carlos Fuentealba. Por él hay que exigir que se juzgue a todos los responsables del hecho homicida y tener la fuerza de reivindicar los derechos que se merecen los docentes, para bien de todos.

Sólo los pueblos que reivindican integralmente a sus educadores e invierten en educación para todos tienen asegurada calidad democrática en igualdad, equidad y justicia.

MIGUEL JULIO RODRÍGUEZ VILLAFAÑE (Abogado constitucionalista cordobés. Miembro de FOPEA y presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Información y de la Comunicación (AIDIC))

Especial para "Río Negro"