El abortado procedimiento policial en el que se intentaba decomisar 600 litros de combustible a comisionado de fomento de un paraje cercano a esta ciudad, puso en evidencia uno de los graves problemas que deben afrontar los habitantes de la Región Sur rionegrina y que les complica la vida. Pero también la impunidad con que se manejan quienes tienen el poder, la desigualdad que existe a la hora medir como la misma vara a un funcionario y a un ciudadano común y la búsqueda de culpables donde no los hay para evadir las responsabilidades.

El traslado de combustible es un problema que data de años en la Región Sur y otras zonas de la provincia donde las estaciones de servicios están alejadas de los parajes complica y eso la vida de los pobladores. Hacerlo en recipientes no autorizados por la dirección de Transporte está prohibido por las leyes nacional y provincial de Tránsito.

El sábado la policía local detuvo un comisionado de Fomento que intentaba trasladar combustible en tambores al paraje Ojos de Agua en un vehículo oficial. Sin embargo por orden de altos funcionarios del gobierno provincial el procedimiento fue abortado y el vehículo continuó viaje como si nada hubiera pasado.

Si bien el procedimiento se dio en el marco de las horas previas a las elecciones, es verdad que Ojos de Agua, como muchos otros parajes necesita combustible para poder brindar luz a la población como afirmaron desde el gobierno. Pero no es menos cierto que los pobladores de la zona rural también lo necesitan para movilizarse o para hace funcionar un grupo electrógeno o encender los faroles para alumbrarse. En estos casos, cuando la policía hace cumplir la ley, ningún funcionario se presenta ante el Destacamento de Tránsito para impedir el decomiso 10 ó 20 litros de kerosén, nafta o gasoil a los ganaderos. "Porque algunos pueden y otros no. Acaso no somos todos iguales ante la ley?", se preguntó el campesino al que la policía llamó como testigo del procedimiento y vio cómo fue abortado. Sobre todo cuando del otro lado hay gente cercana al poder político. Lo del sábado fue un abuso de poder, una muestra de impunidad y un atropello a una de las instituciones más importantes como es la Policía. También un cachetazo al resto de la sociedad.

Aún, en las calles de Jacobacci, todavía resonaban los ecos de lo que para el común de la sociedad jacobacina fue un acto.

A pesar de ello, lejos de reconocer "el error", sumergidos en la soberbia funcionarios de segunda línea de la provincia y del municipio de jacobacino, intentaban deslindar responsabilidades tratando culpar a la policía y a los medios de comunicación.

No es acaso una contradicción obligar a la Policía a violar las leyes en beneficios de un comisionado de fomento y por otro lado, cuando la situación trasciende, castigarla con dureza descalificándola poniendo como excusa la existencia de una persecución contra algunos políticos.

No lo es también cuando se recurre a los medios de comunicación para publicar alguna gestión u obra de gobierno y ante una denuncia que involucra a algún político o funcionario se lo califica de "mala leche".

Tras esa acción se pide coherencia y responsabilidad. Y sobre todo, quienes tienen la responsabilidad de gobernar, hacerlo dentro del marco de la ley, para todos los ciudadanos por igual y sin cometer ningún tipo de atropellos.

JOSÉ MELLADO

jmellado@rionegro.com.ar