ROCA (AR).- A raíz de las denuncias de presunto mal desempeño sobre el juez y el fiscal de la causa que se inició contra el farmacéutico Néstor Costanzo, de la que resultó sobreseído, la defensa del acusado respaldó el accionar de los magistrados y recalcó que la investigación tomó dos años en los que se realizaron diversos allanamientos, pericias e informes que dieron resultados negativos.

Graciela Viñambres, principal denunciante en las dos causas que se iniciaron contra Costanzo, ratificó y amplió la semana pasada acusaciones que realizó ante el Consejo de la Magistratura contra el juez Pablo Iribarren y el fiscal Miguel Fernández Jadhe, actuantes en el sobreseimiento en una causa por presunta falsificación de recetas.

Alberto Riccheri, abogado del farmacéutico, insistió en que la investigación no arrojó "ni un sólo indicio siquiera que permita pensar en algún tipo de responsabilidad de parte de Costanzo" y además enfatizó en el hecho de que a pesar del pedido de sobreseimiento que hiciera la defensa a un año de iniciada la causa, el juez optó por continuar igualmente con la investigación.

"De todas las recetas que la denunciante fue citada a reconocer, no hubo ninguna que hubiera sido falsificada. Incluso la única que le pareció sospechosa fue reconocida por el mismo médico que la realizó", comentó Riccheri.

El abogado afirmó que el origen real de las denuncias se remonta a un conflicto laboral entre la denunciante y su defendido, ocurrido en setiembre de 2005 y comentó que la falsedad de las declaraciones realizadas por Viñambres durante esta causa dieron lugar a una denuncia por falso testimonio que se encuentra en trámite.

En cuanto a la segunda denuncia de Viñambres y que se relaciona con el pago de presuntas coimas por parte del denunciado a la funcionaria Patricia Morales, vinculadas a irregularidades en las inspecciones que hacía un organismo nacional en las farmacias, Riccheri confirmó que tanto su defendido como la mujer acusada fueron citados por Iribarren a prestar declaración indagatoria el 5 y 6 de noviembre. En este caso, el abogado explicó que las supuestas coimas a Morales consistían en realidad en un dinero que se le entregaba a la funcionaria por los gastos en los que incurría por asesorar al Colegio de Farmacéuticos cuando se implementó en el Valle un sistema de control de la venta ilegal de medicamentos.