VILLA LA ANGOSTURA (AVLA).- En julio pasado, la posible adjudicación de lotes sociales a tres hijos de funcionarios en una zona privilegiada del barrio Tres Cerros desató la polémica e indignación en varios sectores de la comunidad. El Concejo Deliberante finalmente no aprobó la norma. Sin embargo, a un mes de finalizar la actual gestión, el Ejecutivo envió una segunda propuesta de ubicación de los tres beneficiarios: un lote aledaño a las viviendas de las hermanas de la congregación "Virgen Niña", sobre la calle Barbagelata, a metros del edificio Municipal.

El proyecto presentado en el cuerpo legislativo pide la afectación de la tierra como "loteo social" y "su correspondiente autorización para que sea destinada a tres familias originariamente propuestas". Asimismo, como de la mensura resultan cinco lotes, los otros dos serían cedidos a la Policía para "paliar el déficit habitacional" que sufre la institución.

Si bien los tres hijos de funcionarios se encuentran inscriptos en el listado original de 122 "soluciones habitacionales" y ostentarían un puntaje similar al de otros beneficiarios, aún se desconoce el mecanismo por el cual fueron seleccionados entre todas las familias que también están en esa lista y que todavía no tienen una solución habitacional. Es el caso de muchos beneficiarios del Plan Federal II.

"En atención a los cuestionamientos realizados sobre el carácter de los beneficiarios originalmente propuestos por esta área, situación de discriminación que personalmente rechazo y repudio, pero en atención de contribuir a la paz social, es que solicito se analice la propuesta", expresa en una nota el director de Tierras Municipal y futuro diputado provincial, Alejandro Calderón.

En el proyecto que ahora evaluará el cuerpo legislativo, el funcionario propone además un listado de 22 familias entre las cuales los ediles deberían "seleccionar" tres para que sean ubicadas en los lotes que quedaron "vacantes" del barrio Tres Cerros. No obstante, esa "solución" habitacional resulta irrisoria, puesto que actualmente la justicia cursa un recurso de amparo interpuesto por los vecinos del barrio para que no se cambie el destino "comunitario" de la parcela.