SAN MARTÍN DE LOS ANDES (ASM).- Un vecino de esta ciudad vive un verdadero calvario burocrático y judicial, que se suma a la tragedia familiar por el inexplicado fallecimiento de su esposa.
A casi tres meses del deceso, el hombre no logra que las autoridades le informen el motivo de la muerte, con el único objeto de despejar dudas sobre algún tipo de padecimiento que pudiera ser transmisible por vía genética y, eventualmente, fuese un riesgo latente para sus pequeñas hijas.
Como si fuese una suerte de proceso kafkiano, Omar Asís, debió recurrir a la justicia con un recurso de amparo y en demanda de una autopsia científica, pero no sólo le fue denegado el pedido sino que se le impusieron 2.500 pesos de costas. Con todo, apeló y logró revocar el fallo por decisión unánime de la Cámara de Apelaciones de Zapala, que a la vez ordenó al hospital de San Martín arbitrar los medios para realizar la necropsia, donde fuese menester. A más de 40 días de aquella determinación, Asís sigue penando por respuestas.
El certificado de defunción fue primero extendido como "muerte dudosa", pero al no poder retirar el cuerpo, "el propio hospital cambió la documentación a muerte natural de causa no traumática" (ver recuadro), graficó Asís, situación de la que se enteró -dijo- por medio de tres testigos.
Pasado un tiempo del sepelio en el cementerio local, no más de 72 horas, en medio de su angustia y a partir del consejo de un amiga médica, Asís cayó en la cuenta de que la dolencia que acabó con la vida de su esposa podría tener origen genético. En consecuencia y para despejar dudas, se entrevistó con la dirección del hospital, solicitando la autopsia científica para "resguardar la salud de mis hijas de una posible en
fermedad congénita" y, eventualmente, "desnudar alguna irregularidad o impericia" además, naturalmente, de "elaborar desde la verdad el proceso de duelo".
En esas circunstancias, Asís se enteró de que desde hace 17 años no hay autopsias científicas en la provincia. Sin embargo, acudió a su abogado, Laureano Guerendiain, quien de inmediato se abocó a lograr el cometido de su cliente, mediante la presentación de un recurso de amparo ante el juez civil Andrés Luchino.
El magistrado corrió vista a la Fiscalía de Estado, que rechazó la medida por supuestos vicios procesales, y Luchino aceptó ese criterio e impuso costas por 2.500 pesos. Sorprendidos, cliente y letrado apelaron a la cámara zapalina, que les dio la razón en un todo y ordenó realizar "las medidas que sean menester" para la autopsia, dijo Asís.
Desde entonces han transcurrido casi 40 días, que el viudo de María José resume así: "el hospital local no sabe qué hacer; la jefatura de Zona Sanitaria IV dice que los hospitales no cuentan con los medios necesarios, instalaciones y personal capacitado para cumplir con lo dispuesto, y lo mismo dicen desde la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Salud".
