BARCELONA (Télam/ AFP).- El Congreso español aprobará hoy una esperada y polémica ley sobre memoria histórica que condena de forma rotunda el franquismo, ordena la retirada de sus símbolos, deroga sus leyes, y declara ilegítimas sus sentencias.

De este modo, el gobierno de Zapatero se mete en un tema que desde la recuperación de la democracia había sido "tabú" en favor de la "reconciliación nacional".

La ley reconoce moral y económicamente a las víctimas, establece que el Estado tutelará las labores de localización e identificación de las fosas comunes, y facilita el acceso a la nacionalidad española para descendientes -hijos y nietos- de emigrantes y exiliados.

La ley ha levantado polémica, ya que los partidos de izquierda la consideran demasiado limitada y el opositor Partido Popular (PP) está en contra por estimar que "reabre heridas".

Por esto, pese a que tiene garantizada su aprobación, para hoyse espera un encarnizado debate en el Congreso debido al clima de máxima crispación entre el gobierno y la oposición, enfrentados en un contexto que tiene como horizonte las elecciones generales de marzo de 2008.

El gobierno español tardó dos años en presentar la norma denominada: "Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura".

Un acuerdo con el grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV), que imprimió un giro al proyecto, permitió que la ley salga adelante este año, antes de que culmine la primera legislatura del presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

"Esta ley es un punto de partida para que el Estado lleve a cabo políticas públicas de recuperación de la memoria democrática" dijo Joan Herrera, responsable de IU-ICV en las negociaciones con el gobierno.

La norma saldrá adelante con el apoyo de socialistas, la izquierda ecologista, los nacionalistas vascos, los catalanes de Convergencia i Unió, Coalición Canaria y el grupo mixto.

En tanto, se ponen el Partido Popular (PP), que considera que es innecesaria y abre "viejas heridas", y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que cree que instaura la "impunidad" al desconocer el derecho internacional y aplicarlo a los crímenes cometidos por los sublevados y la dictadura franquista.

La ley que votará el congreso condena de la forma más dura al franquismo, al asumir la declaración de la Asamblea Parlamentaria de Europa firmado el 17 de marzo de 2006 en el que se denunciaron las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en España entre 1939 y 1975. Además, por primera vez "sienta las bases para que los poderes públicos lleven a cabo políticas públicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática". Además, declara "la ilegitimidad de los tribunales, jurados u órganos de cualquier naturaleza administrativa creados con vulneración de las más elementales garantías del derecho a un proceso justo, así como de las sanciones y condenas de carácter impuestas por motivos políticos, ideológicos o de creencias religiosas". De forma expresa, "se incluye una disposición derogatoria que, priva de vigencia jurídica a aquellas normas dictadas bajo la dictadura manifiestamente represoras y contrarias a los derechos fundamentales ".

Por otro lado, el Estado se compromete a través a facilitar la localización e identificación de los desaparecidos y obliga a todas las instituciones públicas a retirar símbolos de la dictadura.