Por fortuna llegó el día de la elección y hasta el 10 de diciembre próximo, cuando culmine la actual gestión, una de las más dispendiosas en la historia de Neuquén, no habrá ninguna otra. Si la hubiera, los ya menguados recursos económicos de la provincia correrían el riesgo de evaporarse totalmente.

Tal es el frenesí con que el gobierno interino se ha librado últimamente a extinguir, con ingentes recursos del tesoro, los incontables incendios gremiales alentados por una administración manirrota a la que lo único que parece preocuparle es la apariencia de una paz social que no perturbe la campaña presidencial de su jefe.

Aunque no se puede descartar del todo que, aun sin ningún otro comicio por delante, el gobernador retome sus funciones y se dedique a gastar hasta el último peso después de todo algo parecido hizo en 1995, cuando perdió las internas frente a Felipe Sapag, es de esperar que, aplacados sus ardores presidenciales, se llame a sosiego y opte por preservar lo que ha quedado indemne del festival de gastos que lo acompañó durante casi toda su gestión.

Por lo pronto, esta semana la ciudadanía asistió a un nuevo manotazo sobre los recursos públicos de la mano de un aumento generalizado a los agentes del Estado. Un derrame que elevará en 100 millones de pesos adicionales la abultada masa salarial prevista en el presupuesto.

No es todo. El vicegobernador a cargo, Federico Brollo, explicó sin sonrojarse que con los aumentos extras que se otorgarán a docentes y policías el incremento del gasto en materia de salarios trepará a 200 millones, con lo que ese capítulo orillará en total los 1.900 millones de pesos, más de la mitad del generoso presupuesto provincial.

De paso, el señor Brollo admitió que para tomar todas estas medidas "no hubo ninguna consulta" a las autoridades electas que harán el relevo en dos meses, porque "la gestión es hasta el 10 de diciembre". Dejando en claro una vez más que a él y a su jefe los tiene sin cuidado la mentada "transición". Tanto como las consecuencias que pueda tener este nuevo dispendio no ya para el conjunto de la sociedad neuquina, que eventualmente tendrá que ajustar sus cinturones si sobreviene un desmadre económico, sino para su propio compañero de partido, el gobernador electo Jorge Sapag.

"No les preocupa aumentar el gasto porque total lo paga el que sigue", razonó acremente uno de los principales colaboradores de Sapag cuando conoció el nuevo aumento del gasto.

No se trata de que los salarios estatales no estén desfasados. Los empleados del Estado, en particular los que dependen del Ejecutivo, han visto disminuir el nivel de sus ingresos en los últimos años. No por nada la crisis en el sistema de Salud llegó a los extremos por todos conocidos y el aparato administrativo del gobierno, castigado por esta gestión, es hoy una sombra de lo que supo ser en una época más feliz.

En realidad, hubo estructuras que fueron virtualmente desmanteladas, privándolas de su razón de ser. Sus cuadros fueron postergados y sus tareas en muchos casos encargadas a personal de confianza política del oficialismo, contratado con sueldos que superan con holgura los de las categorías más altas del escalafón. De esta forma se desnaturalizó el accionar del aparato administrativo y se desmoralizó al personal, mientras el gasto se elevó fuertemente por la duplicación de tareas que conlleva esta suerte de clientelismo de paladar negro.

Todo esto, como el aumento del gasto improductivo y el creciente endeudamiento para emprender obras colosales que de ninguna manera son prioritarias pero cuya construcción sirve para mantener aceitada la corrupción se hizo mientras el Estado nadaba en una abundancia inédita producto de las ventajas derivadas de la devaluación y el aumento exponencial en el precio del petróleo.

Ahora que el gobierno emprende la retirada dejando tras de sí una deuda pública equivalente a un presupuesto y empuja a diario el rojo financiero congelando los pagos, ya no existen buenas condiciones para hacer justicia a los empleados públicos. Pero que ningún observador se engañe, quienes hoy administran el tesoro provincial no están preocupados por el futuro de nadie sino por el propio presente. Procuran que la crisis no les estalle entre las manos y por eso patean la pelota para adelante.

Es inexplicable, en el contexto de este dispendio, que el gobierno provincial no haya podido solucionar problemas tan agudos como el del agua o el de la vivienda, en un conglomerado lleno de dificultades y jaqueado por el crecimiento como es el de la capital. Esto, para poner sólo dos ejemplos de la miopía oficial respecto de los problemas de la principal ciudad de la provincia. Un tema que, sin duda, jugará un papel en la conducta del electorado que hoy elige un nuevo gobierno.

Año tras año, con los primeros calores, la falta de agua se vuelve una pesadilla en los barrios altos o alejados del centro de la ciudad. En lugar de procurar una solución definitiva con los recursos a mano, el gobierno dilató indefinidamente la toma de una decisión y se embarcó finalmente en la salida más costosa y complicada: traerá el agua de lejos cuando, con una inversión mucho menor, podía resolver el problema sacándola de los dos grandes ríos que rodean la ciudad.

El de la vivienda es otro ejemplo no menor de la ineficiencia oficial. En Neuquén las tomas de terrenos se han multiplicado en los últimos años como resultado combinado de la falta de una política de tierras y viviendas con sentido social y los estragos que provoca el clientelismo político auspiciado por el aparato del partido gobernante. Éstos son algunos de los efectos que produce un sistema político cuya mirada no está puesta en la solución de los problemas de la gente sino en las necesidades propias del grupo gobernante.

HÉCTOR MAURIÑO

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