La reacción desmedida que generó en el gobierno provincial y en los médicos de Viedma y de la provincia la conducta de la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, en procura de garantizar la atención de los afiliados de la capital provincial evidencia que, pese a los inmensos recursos que se dedican a ello, el control es en Río Negro una actividad aceptada sólo si es tímida e ineficaz y, en algunas áreas del Estado provincial, una tarea virtualmente inexplorada.

No de otro modo pueden explicarse la sorpresa y las acusaciones vertidas contra la funcionaria. Poco faltó para que la acusaran de conspiración preelectoral. Y, si no lo han hecho, es porque precisamente Piccinini es oficialista confesa y ha sido ministra de este gobierno radical, diputada provincial y nacional y dirigente partidaria.

El punto parece ser, entonces, que cuando alguien asume a conciencia la función de control que juró desempeñar con apego, molesta. Y, si se trata de una mujer... no falta quien aluda a su empeño tildándolo de manifestación de histeria. Un recurso tan viejo como la lluvia.

Los hechos "cantan" que, desde hace cinco años, los afiliados al Ipross en Viedma y en El Bolsón están privados de gozar de parte del servicio al que tienen derecho: el primer nivel de atención de la salud, es decir, la consulta a médicos.

Una y otra vez han tenido que concurrir a los consultorios, pagar entre 30 y 60 pesos en efectivo y después peregrinar al Ipross con el recibo para que, previa demora y sujeto a disponibilidad de fondos, su obra social les reintegrara 11 pesos. En cualquier otro punto de la provincia, el bono de coseguro de consulta cuesta 4 pesos y se encarece en el caso de médicos que cobran un plus.

En el análisis del tema influye una gran cantidad de cuestiones:

" la obra social Ipross está financiada con recursos de distintos orígenes: por un lado, el aporte personal que hacen los afiliados y que, por lo tanto, es dinero "privado"; por otro, el aporte patronal del Estado y, finalmente, los aportes públicos adicionales para atender los gastos excedentes. De este origen mixto de los dineros del Ipross surge la obligación de un doble control: el estatal y el de los afiliados, como dueños de una cuota parte del organismo que con su participación se creó para atender en forma solidaria los gastos de prevención y enfermedad. Es así que el Ipross tiene un vocal gremial cuyo deber es defender los intereses de los afiliados. Nunca, en estos cinco años y en este conflicto puntual, el vocal gremial accionó ante la Justicia por la vía del amparo ni manifestó una indignación que forzara una solución por la vía política para el padecimiento de sus pares de Viedma y El Bolsón. En el tema influyó que el vocal gremial pertenece a UPCN aliado con el gobierno hasta el punto de que su secretario general, Juan Carlos Scalesi, es candidato a diputado nacional por el oficialismo y los intentos del gremio docente Unter, de ATE, Judiciales, Viales y Legislativos por hacerse oír siempre fueron desestimados.

" El Ipross mismo, como organismo, pudo haber tomado actitudes más firmes destinadas a proteger los intereses de sus afiliados y los suyos propios, en lugar de convalidar con los hechos la situación irregular, pagando el reintegro ante cada reclamo de la gente. Tiene todas las herramientas

para hacerlo, ya sea por la vía de exigir el cumplimiento de una obligación contractual o por la de sancionar conductas ilícitas contrarias a las normas.

" El Estado, en términos generales, contribuyó a hacer normal lo irregular, ya que llegó a un acuerdo extrajudicial por una deuda atrasada con el Colegio Médico de la Zona Atlántica, sin exigirle como condición de pago la normalización de la atención en consultorios.

" El Colegio Médico de la Zona Atlántica comenzó reclamando con justicia un incremento en el valor de la consulta, señalando precisamente que, por estar en Viedma la mayor parte de los empleados públicos afiliados "cautivos" de la obra social del Estado la escasa retribución del Ipross los perjudicaba proporcionalmente más que a sus pares del resto de la provincia. Pero, en el transcurso del conflicto, pareció perder interés en volver a un esquema formal, prefiriendo el cobro directo "en la mano y en efectivo", una modalidad que no sólo perjudica al afiliado sino que favorece que los médicos no tributen por esos montos. Ese escaso interés llevó a que en el último año el acuerdo pareciera alejarse más y más, porque los médicos reclamaban incluso que el Ipross solventara su capacitación profesional y hasta el seguro por mala praxis.

" La Federación Médica admitió que el Colegio Médico de la Zona Atlántica se "independizara" en lo que respecta a la atención en consultorios pero siguiera federado para el resto de las prestaciones, como cirugías, internaciones y prestaciones de alta complejidad, una desigualdad difícil de comprender en una organización que se precie de tal.

" El afiliado, cuando acude al médico, lo hace en condición de "paciente". Enfermo él mismo o preocupado por la salud de su hijo, deposita en el facultativo mucho más que una consulta profesional: deposita su confianza en que podrá devolverle la salud. La relación médico-paciente es naturalmente desigual, y es natural que la parte más débil de la ecuación busque evitar cualquier enfrentamiento con la más fuerte y admita condiciones gravosas que no soportaría si estuviera en posición de actuar con verdadera libertad.

Ése es el marco en el cual la defensora del Pueblo, después de intentar una solución en el plano administrativo, acudió a la Justicia por la vía del amparo colectivo. Lo hizo invocando la legitimación activa que le da la ley de la Defensoría, que le asigna el deber de velar por los intereses difusos, además de accionar ante los perjuicios que a los rionegrinos puedan ocasionar las acciones o las omisiones de los funcionarios públicos. Y lo hizo en el marco de la ley que reglamentó el "amparo colectivo".

Durante el proceso, el Superior Tribunal de Justicia intentó varias veces una solución amigable por la vía de audiencias de conciliación, sin éxito.

El fallo fue a favor de la atención de los afiliados y se ordenó que las partes se reunieran para establecer pautas contractuales que superaran las divergencias. Se fijó por la misma resolución judicial una sanción económica diaria y progresiva de 1.000 pesos en caso de incumplimiento.

Lo que sucedió a partir de entonces es que la defensora del Pueblo se ocupó de verificar ese incumplimiento.

¿Puede alguien indignarse porque un funcionario público, en uso de sus funciones, verifique si se cumple un fallo judicial que beneficia a miles de personas?

Piccinini no violó la libertad individual de los médicos como insólitamente argumentó la Federación Médica ni invadió propiedad privada una sala de espera de una clínica es, para el caso, tan pública como una plaza.

Lo que hizo la defensora, en cambio, fue poner al desnudo la falta de práctica que tenemos gobernantes y gobernados en cumplir las normas, en hacerlas cumplir, en tributar y en respetar al contribuyente. En definitiva, ni el gobierno ni nadie hasta el momento han sabido tampoco resolver otros problemas que ya huelen a eternos, como las condiciones indignas en que se debe pedir turno y esperar la atención en varios hospitales de la provincia. O el padecimiento de quienes se ven obligados a mendigar por una prótesis o un medicamento oncológico.

ALICIA MILLER

amiller@rionegro.com.ar