MEDELLÍN (AP) Salvatore Mancuso ha revelado más nombres que cualquier otro caudillo paramilitar de congresistas, generales y empresas "bananeras" estadounidenses que supuestamente se beneficiaron del sanguinario ascenso de las milicias de extrema derecha.
¿Qué tanto puede el que llegó a ser el más importante comandante de esos ejércitos privados delatar a los que eran sus aliados sin hacerse asesinar por ello? Muchos de aquellos, después de todo, son allegados al presidente Álvaro Uribe, por quien Mancuso dice que sus fuerzas ordenaron votar en las áreas que controlaban en las elecciones presidenciales del 2002.
"He caminado todo el tiempo al filo de la navaja'', dijo Mancuso en una entrevista con AP en la cárcel en Itagüí, Medellín. Señaló que intenta persuadir a subalternos de la extinta confederación paramilitar de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que desmovilizó a 30.000 hombres bajo un pacto de paz del 2003, a confesar asesinatos e identificar fosas comunes.
EE. UU. catalogó en el 2001 a la AUC como una organización terrorista. El testimonio de Mancuso colaboró con las investigaciones que mandaron a prisión a 13 aliados de Uribe en el Congreso, bajo cargos de conspiración por aliarse con las AUC en la escandalosa "parapolítica''.
Descendiente de italianos y vinculado por autoridades de ese país con la poderosa mafia calabresa, Mancuso podría fácilmente incriminar a más prominentes colombianos, pero anda con precaución extrema, por una cuestión de supervivencia.
El vacío de poder por la desmovilización paramilitar ha desatado una guerra abierta entre remanentes de esas milicias y ejércitos de narcotraficantes que ha cegado decenas de vidas. Mancuso, encarcelado junto a medio centenar de la cúpula de paramilitares dentro del ala de máxima seguridad de la prisión de Itagüí, se preocupa por sí mismo y por su familia: uno de sus cuatro hijos, dice, escapó de milagro a un ataque gracias a sus guardaespaldas.
Mancuso se entregó en diciembre del 2004. La élite empresarial y política que respaldó su movimiento, que brutalmente contuvo las extorsiones y secuestros de la guerrilla en vastas regiones largamente descuidadas por el gobierno, ahora reniegan haberlo hecho por temor a terminar compartiendo la prisión, aseguró Mancuso. Como los otros caudillos paramilitares, tiene celular, PC con internet, cocinero privado compartido y visitas extendidas en su celda.
Bajo el acuerdo de paz, los jefes paramilitares pagarán hasta ocho años de prisión si confiesan todos sus crímenes, cesan sus actividades ilegales y reparan el daño ocasionado a sus víctimas.
Aun así, su cooperación con la Justicia ha sido lenta. Uno de los compañeros de Mancuso, Carlos Jiménez, fue transferido el mes pasado a una fragata de la Armada, acusado de seguir traficando cocaína a los Estados Unidos. Los hombres de Mancuso produjeron 230 toneladas de cocaína de 1997 al 2004, dijo, con un 70% de los ingresos de los paramilitares dependiente del narcotráfico. El resto de sus finanzas provenía de "impuestos'' pagados por hacendados, tenderos, transportistas, embotelladoras de bebidas y casi todos los comerciantes, dijo Mancuso. Eso abarcaba a los exportadores de bananas colombianas, agregó, que les pagaban tres centavos de dólar por cada caja embarcada.
Chiquita Brands International Inc. admitió pagos regulares a la AUC y se sometió a una multa de 25 millones de dólares fijada por el Departamento de Justicia estadounidense. Otras "bananeras" estadounidenses niegan haber hecho pagos.
El gobierno de Uribe ha congelado la extradición a Estados Unidos de Mancuso, pedida en el 2002 por una acusación de tráfico de drogas. Mientras cumpla con las condiciones del acuerdo de paz también evitaría la sentencia de 40 años de prisión en Colombia por haber supervisado una matanza de 15 campesinos asesinados a lo largo de tres días en 1997, que Mancuso consideró "una operación militar''.
Mancuso afirmó a AP que ordenó más de 300 muertes mientras los paramilitares establecieron mini-estados soberanos desde fines de los años 90, mayormente a lo largo de la costa caribeña. Sus tropas condujeron a cientos más a la muerte.
Un ex subordinado, Jorge Iván Laverde, se atribuyó el mes pasado unos 2.000 homicidios, lo que haría languidecer las estimaciones del gobierno de 10.000 muertos en todo el país.
A modo de defensa Mancuso dice que casi todos los muertos bajo sus órdenes eran guerrilleros o colaboradores de la guerrilla, algo que refutan grupos de derechos humanos, el gobierno de EE. UU. y la ONU.
