A cuatro días de las elecciones, el ex presidente Fernando de la Rúa fue procesado sin prisión preventiva por los homicidios de cinco manifestantes durante la represión policial a las protestas del 20 de diciembre de 2001 contra el Gobierno de la Alianza, que precipitaron su salida del poder.

El procesamiento, inédito en la historia argentina para un primer mandatario surgido de la voluntad popular, fue dictado por el juez federal Claudio Bonadío, quien lleva el expediente desde hace pocos meses pues la jueza original de la causa, María Servini de Cubría, se excusó de seguir con ella tras seis años de trámite donde dictó la "falta de mérito" para De la Rúa.

El magistrado imputó a De la Rúa por cinco "homicidios culposos", esto es, sin intencionalidad, y 172 lesionados, y le impuso un embargo de 20 millones de pesos sobre sus bienes.

La medida procesal también alcanzó por iguales delitos, e idéntico embargo, al entonces subjefe de la Policía Federal, comisario Osvaldo Cannizzaro; al comisario Daniel Manzini, de la seccional sexta, y a los ex jefes de las circunscripciones primera, segunda y séptima, comisarios Próspero Treseguet, René Jesús Derecho y Alfredo Salomón.

En su resolución, Bonadío afirmó que el ex presidente "no usó las herramientas" que tenía a su mano para evitar los gravísimos episodios de violencia, sostuvo que no cumplió con el "deber de cuidado" de los ciudadanos y que no puede sostener que ignoraba lo que ocurría en la Plaza de Mayo. El magistrado dictó además un embargo de 20 millones de pesos sobre los bienes del ex presidente.

"Es una excelente noticia y es vital para el avance de la investigación", dijo el abogado Rodolfo Yanzón, quien representa a querellantes en la causa.

Yanzón afirmó que a raíz de la decisión judicial ahora "De la Rúa quedará sujeto a proceso penal", aunque no implica la detención del ex mandatario. "Lo que queda absolutamente claro es que De la Rúa se desvinculó de lo que sucedía en Buenos Aires y otras ciudades del país en esos días y dejó hacer de manera ilegal a centenares de agentes policiales que iban de cacería por las calles", dijo Yanzón.

En una de sus declaraciones ante la justicia, De la Rúa había deslindado su responsabilidad en la brutal represión policial del 20 de diciembre de 2001, al asegurar que se había enterado del accionar de los agentes de seguridad a través de las imágenes que transmitían en directo los canales de televisión.

Actualmente alejado de la política, De la Rúa siempre sostuvo la teoría del complot en su contra como factor generador de los incidentes callejeros que provocaron su renuncia y fueron el prólogo de la peor crisis social, económica e institucional que sufrió Argentina en al menos un siglo.

Bonadío encausó además por los cinco homicidios al ex subjefe de la Policía Federal, Osvaldo Cannizzaro, y a otros cuatro jefes de delegaciones policiales.

En el expediente judicial ya estaban imputados el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov, el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos y los ex comisarios Raúl Andreozzi y Norberto Gaudiero, que encabezaron los operativos de represión en las calles porteñas.

El ex presidente está implicado en otras causas judiciales, entre ellas una resonante referida al supuesto pago de sobornos a senadores para aprobar la flexibilización. 

La imputación contra De la Rúa se conoce a cuatro días de las elecciones presidenciales, donde la candidata oficialista, Cristina Fernández de Kirchner, es favorita. (DyN y AFP)