Es bien sabido que los jueces son los encargados de administrar Justicia. Pero, ¿qué pasa cuando los mismos jueces cometen delitos? ¿A quién acudir?
En Bariloche, el juez Jorge Serra ordenó el remate post-divorcio de mis bienes (patrimonio conyugal), aunque yo no tenía abogado, ni privado ni de defensoría oficial. Así, indefensa, perdí todas mis propiedades: la mitad de un edificio de departamentos, en el centro de Bariloche, a manos de quien fuera mi esposo.
Por ley nadie puede ser sometido a juicio ni se pueden tocar y menos rematar sus bienes si no tiene un abogado que lo asesore y proteja sus intereses (hasta los asesinos seriales lo tienen de defensoría oficial).
En este caso, el juez Serra cometió "delito de prevaricato", según el artículo 269 del Código Penal, al dictar una resolución de manifiesta injusticia: el remate de los bienes de una persona sin abogado. La pena que establece la ley es una multa y la inhabilitación absoluta, perpetua del juez actuante.
Yo denuncié al juez Serra por el delito de prevaricato, por carta documento que dirigí al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Sodero Nievas, en Viedma, el 18 de setiembre último.
Por su parte, el juez que se niegue o demore maliciosamente administrar Justicia o no promueva la represión de los delincuentes, comete "delito de denegación y retardo de Justicia", según los artículos 273 y 274 del Código Penal y cuya pena es la inhabilitación especial del juez.
Este mismo delito está cometiendo, en Bariloche, la jueza de Familia, Dra. Marcela Pájaro, al no reprimir las actuaciones penales de mi ex esposo, en perjuicio de nuestro hijo discapacitado, a quién esta funcionaria debiera proteger por ley.
Como el muchacho vive conmigo, la ley nos autoriza a ocupar el departamento que fuera domicilio conyugal del edificio rematado.
Mi ex esposo, para desalojarnos, nos cortó la luz durante 5 años y 8 meses, a pesar de mis reclamos, con abogados, ante los tres jueces que, sucesivamente, atendieron o desatendieron la causa: los Dres. Serra, Cuellar y Pájaro.
Ahora, ya hace 1 año y 7 meses que nos cortó el agua del departamento, pretextando una pérdida en el piso inferior. La jueza Pájaro mira al costado. Más aún, ignorando la gravedad de la situación para el discapacitado a quién debiera proteger y para ella misma por responsabilidad como juez, me exige, por nota triplicada, que obligue a mi hijo enfermo concurrir a una institución psiquiátrica de Bariloche, sabiendo que el muchacho está medicado y asistido por dos eminentes psiquiatras de esta ciudad, los doctores José Raúl Gamez y Roberto Mariani.
¿A quién beneficia esto? El enfermo está asustado y se niega a ir, por tantas presiones que sufre del juzgado. Obligarlo puede provocarle una crisis y la internación en el hospital, con lo cual quien fue mi esposo me podría desalojar y adueñarse, al fin, del departamento que ocupo con mi hijo.
¿Con qué derecho pretende la jueza interferir en el tratamiento psiquiátrico del muchacho? ¿Acaso enseñan, también, medicina y psiquiatría en la facultad de derecho?
¿No está cometiendo, también, un delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, artículos 248 y 249 del Código Penal?
Es necesario que el presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Sodero Nievas, analice estos hechos a la luz de la legislación vigente y tome las medidas que la gravedad del caso requiere. Así lo asegura la carta de los derechos de los ciudadanos ante la Justicia, redactada por el Foro Patagónico de los Superiores Tribunales de Justicia.
En ella, dicho foro garantiza al ciudadano patagónico sus derechos constitucionales y el control sobre todos los funcionarios del Poder Judicial de la Patagonia, para corregir los errores y reprimir los delitos que éstos pudieran cometer.
Eleonora Balint, DNI 4.756.888
Bariloche
