CIPOLLETTI (AC).- Ayer, después de varios meses de silencio y del inicio de un sumario por su actuación en el caso Otoño, la jueza María del Carmen García García fijó su posición en relación a las críticas que se le hicieron por la lentitud en la investigación.

"Al momento dijo no tengo conocimiento de que se me haya efectuado cargo o reproche alguno sobre mi desempeño. Por otra parte, y sin desconocer el derecho razonable y legítimo de las familias de las víctimas y de la sociedad en su conjunto sobre el resultado de determinadas investigaciones, en un estado de derechos las presiones sociales no pueden ni deben ser consideradas para la evaluación del desempeño de un magistrado que ha prestado juramento".

Durante una extensa entrevista que brindó a LU19 La Voz del Comahue, García García defendió su actuación asegurando que "desde el 24 de octubre del año pasado (un día después de la denuncia sobre la desaparición de la joven) siempre se estuvo atento a fin de disponer los actos necesarios relacionados con la investigación que se llevaba adelante".

Continuamente, la magistrada puso de relieve las diferencia entre las investigaciones penales y la necesidad de respuesta que reclama la sociedad ante determinados hechos. "Hechos graves han existido, existen y en muchos casos no pueden tener una respuesta satisfactoria o la que se pretende socialmente a la brevedad por los diversos niveles de complejidad que hacen a las causas penales. Las respuestas dependen en muchos casos de resultados periciales que no es posible obtener en forma acelerada o pronta como uno quisiera".

Poco habló de las líneas de investigación que se siguen adelante para esclarecer el caso. Solo manifestó un "optimismo con cautela" en los resultados que puedan arrojar las pericias que lleva adelante el Cuerpo Médico Forense con la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense sobre los restos de la joven.

En varias oportunidades, García García "lamentó" la demora del padre de Otoño en acercarle los restos del teléfono celular que "supuestamente pertenecía a la menor" y que estuvo en poder de Roberto Uriarte.