ALLEN (AR).- La regularización de las tierras ocupadas desde hace años por varias familias allenses en la zona del acceso al aeroclub avanza a paso firme. La semana pasada, el municipio le puso la firma al acta de expropiación y ahora resta que en las próximas semanas se proceda a la delimitación de los terrenos.

En su carácter de representante legal de la comuna, el intendente Carlos Sánchez, tomó efectiva posesión de las tierras el pasado viernes mediante una orden judicial emitida por el Juzgado Civil de Primera Instancia 9 de Roca, a cargo del juez José Luis Rodríguez. La firma del acta contó con la presencia de María Celia Colipe, "Maruca", una de las vecinas que más luchó para lograr la tenencia de las tierras por parte de las familias que hace ya casi cuarenta años viven en el sector y quien lleva adelante un comedor para la gente más humilde del sector. También participó del acto simbólico la asesora legal municipal, Dora Rial.

Los terrenos fueron expropiados al empresario Hércules Impiccini, quien afirmaba ser legítimo propietario y en función de ello había iniciado un juicio de desalojo contra los vecinos a mediados de este año en el Juzgado Civil 5, causa que a raíz de la medida determinada por el juzgado quedaría sin efecto.

La amenaza de desalojo y la falta de respuestas a los viejos y constantes pedidos de regularización de las tierras ocupadas cansaron en tal medida a los vecinos que en agosto salieron a cortar los puentes de accesos a la zona de bardas, sobre la Ruta Provincial 65. En ese momento, las familias se quejaban porque el empresario había comenzado a levantar un horno de ladrillos que los afectaba directamente.

La medida se mantuvo hasta que el jefe comunal se acercó a los manifestantes y les prometió arbitrar ante la provincia los medios para obtener la posesión de las tierras.

El conflicto data desde hace muchos años y tiene en su haber numerosas denuncias policiales y penales cruzadas -entre ambas partes, los vecinos y el empresario local- que argumentaban, cada uno por su lado, ser los mayores perjudicados por la grave situación legal de las tierras.