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  Martes 23 de Octubre de 2007
  Edicion impresa pag. 22 y 23 »  
  Equidad tributaria  
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Conforme elementales senderos de equidad en la senda de la justicia, resulta imposible sostener la actual hipocresía tributaria y la enorme iniquidad contributiva traducida en una mayúscula y perversa transferencia de recursos de los menos a los más pudientes.

Ahora que próximamente, al menos por dos años, "los buscadores de votos" encontrarán las "mieles" del éxito o la resignación del fracaso, la hipocresía impositiva resulta más insostenible y gravosa que nunca, salvo admitir que la equidad en dicho campo (artículos 4, 16, 17, 75 inciso 19 2º párrafo de nuestra Constitución nacional) corra "la suerte" secular de nuestros aborígenes, entre los más humillados y desgraciados no obstante el inciso 17 del artículo 75 de dicha carta magna.

En efecto, desde tal perspectiva, el valor que tenía una hectárea pocos años atrás vg. de aproximadamente unos cinco mil pesos hoy ha alcanzado sumas sorprendentes del orden de hasta quince mil dólares en nuestra más verde que nunca pradera argentina (Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa, principalmente).

Igualmente, la renta de la tierra ya no es potencial sino real y palpable, impregnada del verde admirable de la soja, los olivares y etcéteras, maravilla que también ya puede observarse en Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán y San Luis, es decir, muchas de esas regiones que permanecían improductivas y que con los cambios climáticos y los desarrollos tecnológicos (sistemas de riego, equipamientos satelitales para mercados u oportunidades, etcétera) y transgénicos han producido y exhiben toda una verdadera "explosión verdina de verdor".

Nuestra carta magna, en su artículo 4, establece la equidad y proporcionalidad como base ética y republicana para impuestos y contribuciones, lo que se corresponde analógicamente con el párrafo segundo del inciso 19 del artículo 75 del mismo cuerpo normativo.

En este contexto, no se deben mantener flagrantes iniquidades sostenidas por fuertes intereses y aparatos corporativos y populistas que no hacen otra cosa que postergar el desarrollo y los derechos iguales de todos al mismo (artículos16, 75 y cc. de la Constitución nacional).

Esta hipocresía no es un dato menor en lo concerniente al gasto público y la inversión social, sino toda una absurda mutilación de los mismos. En efecto, la atención de las necesidades físicas básicas, los servicios esenciales, el retraso, insuficiencia y desactualización en infraestructura básica, primaria y esencial (vg., la buena disposición de países vecinos no alcanza para que llegue en tiempo y forma a cada argentino, a cada industria, energía, gas o petróleo) y la obra pública comprometida para el 2008, entre otros ítems centrales, ya se ven amenazados porque se gastó indebidamente y eludiendo toda afectación legal más e ineficientemente, conforme el Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL, 8/10/07).

Consecuentemente, arriesgando irresponsablemente las obligaciones propias del Estado en el año venidero conforme al contrato social argentino y sus pactos preexistentes, restando que nuestra capacidad instalada y productiva no se incrementó conforme la ecuación actual, local y global, el panorama económico carece de toda diafanidad.

En un contexto tal, un eventual pacto social no sólo encontrará asimetrías en los participantes del mismo sino que quedará expuesto a un sindicato "empoderado" discriminatoria y más palpablemente en estos últimos dos años, gremio que puede inmovilizar la enorme producción agraria sin quedarnos siquiera la posibilidad de acudir a nuestros ferrocarriles, verdaderos "gigantes costos hundidos" que otrora por la presión de la industria del caucho, ora por presión corporativa, nos pueden poner en aprietos difíciles, dificultosos e inaceptables en un país que ya debiera superar la predemocracia.

Si la justicia es la virtud, facultad e imperium de dar a cada uno lo suyo, una reestructuración tributaria equitativa y realista en todas las instancias nacionales, provinciales y municipales será mucho más que superar una rémora reprochable traducida y expandida en abusos del derecho, del poder y de la autoridad, así como de múltiples y diversas inconstitucionalidades, por acción u omisión; sí, mucho más, implicará la derogación ficta del eufemismo no coparticipable de las retenciones y asegurará la infraestructura primaria, secundaria y terciaria para todo el aparato productivo argentino actual así como para toda su lozanía.

En dicha reestructuración será "clave" una tasa retributiva que sea compatible y se corresponda con la fertilidad y el valor de la tierra y se ajuste en más o en menos, conforme una canasta de productos agrícolas y la performance climática del año agrario pertinente.

Así pues, para evitar también otro vericueto de un renovado sofisma vernáculo, antes que replantearnos una justa, oportuna, neutral y equitativa coparticipación, favor no menudo será darnos la oportunidad de un debate amplio y generoso que nos traslade a una sinceridad tributaria capaz de plasmarse en políticas diferenciadas que tiendan simultáneamente a reequilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones, afianzando la justicia, consolidando la paz interior y logrando finalmente un bienestar general genuino y duradero, abandonando cimientos arenosos de espasmos personalistas por otros pétreos que traen aparejados los cambios reales de nuevas políticas económicas y tributarias, realistas y del todo equitativas sólo asequibles en el marco de un cabal, leal y simétrico pacto social.

ROBERTO F. BERTOSSI (*)

Especial para "Río Negro"

(*) Docente e investigador de la Universidad Nacional de Córdoba


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