SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB)- El debate que lleva adelante el Concejo con el fin de imponer nuevas pautas de funcionamiento a los casinos locales se metió de lleno con los gravámenes que la empresa concesionaria paga al municipio.
Hace años que el casino abona una tasa que grava su actividad comercial y que es equivalente a la tasa de Inspección, Seguridad e Higiene abonada por el resto de las actividades. Ante la imposibilidad de conocer la facturación de las salas de juego, el monto está relacionado con el número de mesas y máquinas de apuestas que tiene instaladas. El monto que aporta la empresa a las arcas municipales ronda los 3.400 pesos mensuales y los ediles consideran que esa suma es irrisoria.
En un principio los impulsores de la nueva ordenanza regulatoria propusieron agregarle un artículo que crearía una nueva tasa de 5 pesos sobre cada persona ingresada al casino, con el fin de sostener un fondo municipal de lucha contra las adicciones.
Pero en la última reunión de la comisión de Gobierno y Legales ganó terreno la idea de suprimir ese artículo y dejar el análisis del tema para la revisión integral del régimen tributario del municipio, que el Ejecutivo promoverá en los próximos meses.
La desaparición de esa cláusula también tendría una motivación política, ya que de esa forma la ordenanza regulatoria podría ser aprobada por mayoría simple, mientras que si incursiona en el terreno fiscal y tarifario debería obtener un improbable apoyo de dos tercios de los ediles.
Los artículos que sí quedarían son los que definen una limitación horaria para el funcionamiento del casino, prohíben el funcionamiento de cajeros automáticos en las salas de juego y obligan a sancionar por ordenanza cualquier nueva habilitación municipal en ese rubro.
La intención de los concejales opositores es llevar la iniciativa al recinto en la próxima sesión ordinaria.
La concejal Guillermina Alaniz (UCR) admitió que su bloque no estaría dispuesto a "acompañar" la inclusión de la tasa por personas ingresadas, pero sí a trabajar sobre una "recategorización" del casino y acordó con la posibilidad de agregar a la futura ordenanza regulatoria una "comunicación" dirigida a los gobiernos de la Nación, la provincia y el municipio para pedirles que impidan el ingreso al casino de beneficiarios de planes sociales.
