VIEDMA (AV)- El convenio entre la obra social Ipross y los médicos de Viedma comenzó con algunos inconvenientes debido a que algunos prestadores estarían negándose a atender en base al acuerdo arancelario impuesto por una sentencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Algunas quejas en ese sentido ya están en poder de la Defensoría del Pueblo, por lo que la titular del organismo, Ana Piccinini, lanzó una advertencia respecto de que los profesionales "deben cumplir con el fallo".

Frente a esta situación, solicitó públicamente a los afiliados que en caso de que se les cobre por encima de la orden de consulta, se haga la denuncia correspondiente.

Recordó que a raíz de la presentación de un amparo colectivo ante el STJ "no pueden cobrar más de lo estipulado por el coseguro de la obra social provincial en lo referente a la atención primaria de la salud". Los principales

directivos del Colegio Médico Zona Atlántica no pudieron ser ubicados ayer como para que den explicaciones sobre si se trataba de no atender formalmente o si sus asociados habían tomado la decisión en forma unilateral.

Los empleados de la delegación regional recibieron numerosas consultas en los últimos dos días acerca del nuevo convenio prestacional.

De acuerdo a lo que se les informó, los afiliados no deben abonar los 40 ó 60 pesos que les cobraba por atención en consultorio.

Dentro del acuerdo, el STJ obligó a los médicos a negociar una cápita de 23 pesos por afiliado con la obra social provincial, reconociendo un valor mensual total de 170.000 pesos.

Las indefiniciones alcanzan a la discusión sobre el valor final de la consulta en virtud de que los representantes del Colegio Médico Zona Atlántica no están de acuerdo con la cifra que les pagan. Se prevé que esto abrirá otro frente de negociaciones en forma paralela por cuanto los médicos pretenden un reconocimiento de 40 pesos por consulta cómo mínimo.

El convenio de atención se consiguió luego de un fallo judicial que conminó a las partes a lograr coincidencias, caso contrario se les impondría una multa de 1.000 pesos diarios. A principios de semana se produjeron una serie de reuniones entre el titular del Ipross, José Luis Collinao, y el del colegio, Osvaldo Galaburry.

La sentencia surgió luego de largas negociaciones a partir de la presentación de ese reclamo que formuló la Defensoría del Pueblo.