NEUQUÉN (ACE).- Es cuestión de tiempo el envío del expediente al tribunal oral Federal de Neuquén para que inicie la lectura de la causa y se establezca una fecha para el primer juicio en Neuquén en el que se debatirán los delitos cometidos durante la dictadura.

Ayer, el juez Guillermo Labate rechazó los pedidos de nulidad de la elevación a juicio que había hecho la defensa de los militares acusados de delitos de lesa humanidad.

Antes la querella y la fiscalía habían coincidido en solicitar la elevación a juicio, también contestaron los planteos de nulidad de las defensas y restaba la resolución del juzgado sobre la postura de la defensa para el cierre definitivo de esta franja de la instrucción penal.

Con la resolución adoptada por Labate de rechazar las nulidades de la defensa, se abrió el camino para girar al tribunal oral los primeros tres procesamientos que fueron confirmados en esta causa: el de los militares retirados Enrique Braulio Olea, Oscar Lorenzo Reinhold y Luis Alberto Farías Barrera.

Debido a la complejidad del trámite, la entrega de los 60 cuerpos del expediente más los anexos documentales certificados de una primera etapa de la causa, demorará aproximadamente un mes, según las versiones judiciales.

En este tramo se investigó la responsabilidad del jefe del Batallón, del jefe de inteligencia del Comando y del jefe del área de Personal en las detenciones ilegales, torturas y una desaparición forzada -en un total de 17 casos- ocurridos entre 1976 y 1977 en el centro clandestino "La Escuelita", de Neuquén.

Tras la resolución de la Cámara de Roca, que confirmó los primeros días de octubre los otros cinco procesamientos del personal de inteligencia del Ejército acusado de los mismos 17 casos, Labate iniciará en breve los trámites para ordenar la elevación a juicio de los ex oficiales y suboficiales de inteligencia en 1976 - 1977.

Por esto ya habría solicitado los informes psicológicos de los cinco detenidos.

Desde la justicia de Roca también llegaron esta semana tres causas más en el marco de la investigación reabierta de los delitos ocurridos durante la dictadura por violaciones a los derechos humanos.

Las tres denuncias de víctimas se sumarán a las 17 que ya recibió en septiembre el juez Labate, correspondientes a las causas que la Cámara Federal de Roca ordenó transferir a Neuquén cuando las retiró de la órbita de la Cámara Federal de Roca.

Esta decisión provocó el desprocesamiento de los seis comisarios rionegrinos que estaban detenidos por la jueza federal de Roca, que continúan vinculados a la investigación que ahora deberá seguir el juez neuquino.