En una nueva demostración de que es un artesano de la ironía, el gobernador Jorge Sobisch, en uso de licencia hace casi dos meses para dedicarse a la campaña electoral que emprendió hace cuatro años, dijo que en su provincia "no hay forma de no dar la información pública". Lo hizo al enviar un oblicuo mensaje al gobernador electo Jorge Sapag, quien se había quejado de que sólo está a su alcance el 30% de la información que le interesa.

Alejado por tanto tiempo de su cargo, es posible que Sobisch no haya advertido que algunos funcionarios han encontrado la forma. Son, por ejemplo, aquellos que, sin decir que no en forma abierta, han podido sustraer a la mirada aviesa de algunos periodistas los expedientes del Plan Integral de Seguridad. Gracias a ese plan, que cosechó una inversión de 50 millones de dólares, resultaron beneficiados tanto las empresas contratistas de un par de amigos de Mauricio Macri, el ex socio político de Sobisch como quienes habitamos el territorio provincial, donde es evidente que los delincuentes huyen despavoridos hacia el paraíso K de Miguel Saiz ante la amenaza que para ellos representa el plan.

O sea que el hijo de don Elías, sobrino de don Felipe, primo de Silvia y hermano de Luz, Gringo, Pipe, Nuno y Alma, no tiene más que ir y pedir, en el mostrador o, si no tiene éxito, a los amigos que, Sobisch dixit, hizo en la administración pública. Si lo consigue, mucho estimaríamos que nos contara cómo lo logró para reproducir sus pasos.

Estimulados por las palabras de Sobisch, activistas del gremio de los empleados de la Justicia provincial, Sejun, dieron a publicidad un panfleto que no lleva más firma que la de "judiciales en lucha". Informan allí sobre los sueldos (mensuales, no anuales) de algunos integrantes del Tribunal Superior de Justicia. Se lleva las palmas Jorge Sommariva (que no es el dueño del campo Las Breñas), con 29.000 pesos, quien demuestra así que es el más independiente de todos, ya que sueldos de esa magnitud responden a la necesidad de asegurar la independencia de los jueces y no, como alguien puede creer, la sumisión. El libelo lleva el título "Inmoralidad", en grandes caracteres y con tres signos de admiración, útiles para destacar la admiración que despierta el mérito de llegar a ganar, por mes, lo que un jubilado de haber mínimo percibe en cinco años.

Otro mérito, el de informar, toca en este caso al gremio judicial, aunque es de lamentar que no lo haga por sujeción a principios constitucionales relativos al derecho a la información, sino como un instrumento, de los más poderosos, hábil para presionar a favor de la actualización de sus sueldos, deteriorados por la inflación. Quiere decir que si los jueces del TSJ ceden, el secreto judicial recuperará su imperio.

A propósito del secreto judicial. Los periodistas sabemos que, para resguardarlo de nuestra enfermiza avidez por enterarnos de todo, ese poder, el judicial, que tanto puede, en tiempos de paz con el gremio funciona como una corporación. Del mismo modo que los Tres Mosqueteros son uno para todos y todos para uno, también lo son empleados, funcionarios y magistrados cuando se trata de proteger el secreto. Basta con examinar, por vías oblicuas, un expediente penal para saber cuántas cosas distantes de lo debido se pueden hacer, o dejar de hacer, sin que nadie se entere. (Tengo nueve cuerpos de uno de esos expedientes).

El joven fiscal penal Andrés Carrea es un prometedor funcionario practicante del culto del secreto. Requerido por mí hace un par de semanas en el edificio de Antártida Argentina 352, donde tiene su despacho, jugó a las escondidas durante unos minutos, ya que inicialmente se informó que no estaba. Como no sabían decirme si estaría por la tarde, fui a dar a otra oficina. Allí una empleada que lo encontró transmitió su respuesta: estaba prohibido dar información a la prensa.

Como en otras oportunidades Carrea me había atendido, me fui pensando que la tal prohibición era sólo un pretexto para negar una información que toca al Iadep. Los funcionarios podían optar entre dar la información o negarla, y la encargada de prensa del TSJ, Débora González, corroboró un rato después que así es.

Carrea no ha sabido entender todavía que, mutatis mutandi, cuando se producen cambios hay que cambiar, aunque sólo sea para que todo siga como está. El ejemplo lo está dando el diputado Oscar Gutiérrez, a cargo de la presidencia de la Legislatura provincial. En su condición de principal animador de la reforma procesal tramitada a toda velocidad por el oficialismo, dijo hace días a una radio que estaba "en el pensamiento ideológico, doctrinario, en el mismo camino que el doctor Mendaña", e instantes después volvió al tema de la reforma "en la que tanto avanzó el doctor Mendaña". Sí, aunque usted no lo crea.