BARCELONA (Télam, especial).- Una ley que condena el franquismo dio ayer un nuevo paso en el Congreso español al ser aprobado por la Comisión Constitucional, con una novedad saliente, el reconocimiento del derecho a la nacionalidad española para los nietos de exiliados durante la Guerra Civil y franquismo.

Según el nuevo texto de la Ley de Memoria Histórica, que se elevará al Congreso para su debate, los descendientes de españoles hasta segundo grado -nietos-, cuyos abuelos o padres se exiliaron por la Guerra Civil (1936-1939) o la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), podrán solicitar la nacionalidad española.

"Se trata de un reconocimiento puntal que satisface el derecho de los familiares de españoles de origen que perdieron la nacionalidad como consecuencia del exilio por la Guerra Civil y la represión franquista", dijeron a Télam fuentes de la Comisión Constitucional.

La medida beneficiará principalmente a familiares de emigrantes españoles que residen en Argentina, Uruguay, Venezuela y México, país este último donde se radicó la mayor parte de las decenas de miles de exiliados, según los historiadores.

Paralelamente al trámite del proyecto, el Congreso tramita en la Comisión de Justicia una reforma del Código Civil español que garantiza de forma amplia el acceso a la nacionalidad a los hijos y nietos de españoles, en este caso sin el requisito de ser descendiente de exiliados. La enmienda al borrador del proyecto, que fue presentado por el gobierno socialista, fue introducida por el grupo Izquierda Unida - Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV).

La modificación establece que las personas cuyos padres o abuelos sean de origen español y hayan sufrido el exilio, tendrán dos años para solicitar la nacionalidad española desde la entrada en vigor de la ley, plazo que puede ser prorrogado un año más por el gobierno español.

Como la ley tiene un plazo estimado de un año para entrar en vigor, de aprobarse definitivamente a finales de 2007, como está previsto, los descendientes de exiliados españoles recién podrían tramitar su nacionalidad a partir de diciembre de 2008.

Se espera que la ley sea aprobada por la Cámara de Diputados la última semana de octubre, que pase luego al Senado y que regrese a la Cámara baja para su adopción definitiva y sanción, en caso de que la cámara alta introduzca modificaciones.

El derecho al reconocimiento de la nacionalidad, que recogió IU-ICV en su enmienda, atiende a un pedido de las organizaciones y asociaciones de emigrantes españoles, que recientemente enviaron una carta al presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, solicitándole su compromiso con los exiliados, confiaron a Télam fuentes del grupo negociador. En total, fueron necesarios seis cambios puntuales para que el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) lograra sacar adelante esta ley .

El reconocimiento del derecho de los descendientes de emigrantes es un punto que no generó polémica, e incluso contó con el apoyo del Partido Popular (PP), que se opone a la Ley de Memoria, porque abre "viejas heridas", "divide a los españoles" y "rompe los consensos básicos de la transición democrática".