NEUQUEN.- La demanda planteada por la asociación civil Convocatoria Neuquina exige además que se devuelvan las sumas por los vocales del Tribunal Superior de Justicia.
La acción de inconstitucionalidad se presentó contra el plus salarial cobrado por las horas dedicadas a la Junta Electoral.
Por su parte los diputados de la oposición intentaron en la sesión de ayer que el tema sea tratado sobre tablas, pero una vez más el MPN impuso su mayoría y lo pasó a comisión.
El cobro de fuertes sumas de dinero por parte de los vocales del TSJ que trabajaron para las elecciones del 3 de junio fue revelado por "Río Negro" el 10 de julio pasado. A partir de la publicación, Convocatoria Neuquina inició una investigación y hoy presentó la demanda de inconstitucionalidad en cuya elaboración participaron dos ex vocales del Tribunal, Marcelo Otharán y Rodolfo Medrano, junto con los abogados Federico Egea y Sergio Mayorga.
La presidenta de Convocatoria, Silvia Couyoupetrou, declaró que "en una provincia donde los hospitales se quedaron sin médicos para las guardias, y después de esa debacle la Legislatura se dignó a sentarse a 'ver cómo solucionarlo', los jueces del TSJ se arrogan facultades que no tienen para obtener más ingresos, para nada magros".
"Apelemos a la memoria -agregó- y recordemos que el vocal Ricardo Kohon presentó un proyecto de ley a la Legislatura, que está totalmente alineada con el Poder Ejecutivo y fue aprobado, para cobrar antigüedad desde que se recibieron de abogados no desde que comenzaron a trabajar en el Poder Judicial. Sus sueldos son sumamente abultados y no por eso han demostrado una mejora en el servicio de justicia".
El cobro del plus salarial fue aprobado por todos los vocales mediante el acuerdo 4118 del 27 de marzo, que modificó el reglamento de compensación especial de la justicia electoral. Pero lo percibieron sólo los que trabajaron en la junta: Eduardo Badano, Felipe Cía y Jorge Sommariva. También se beneficiaron el fiscal Alberto Tribug y el juez Humberto Mazzitelli.
De acuerdo con el planteo de Convocatoria, "determinar los salarios de los magistrados es facultad del Poder Legislativo" por lo que "resulta inconstitucional que el Poder Judicial disponga una modificación de sus propias remuneraciones".
Fuente: (AN).
