Según un informe que fue preparado para la Sociedad Interamericana de Prensa, la libertad de expresión en la Argentina se ve amenazada por "la obsesiva tendencia del gobierno hacia la uniformidad de pensamientos, sin dar lugar al pluralismo de ideas". Los autores también llamaron la atención al desprecio evidente que sienten los Kirchner por los medios locales, a los que suelen excluir de las conferencias de prensa que se sienten obligados a dar cuando están en el exterior. En opinión de los responsables del informe, pues, la intolerancia que es una de las marcas de fábrica del gobierno actual está contribuyendo a reducir la libertad de prensa al privar a muchos periodistas del acceso a información e incidir en el reparto de la publicidad estatal. Como es notorio, el gobierno nacional y muchos provinciales favorecen sistemáticamente a los medios amigos, aun cuando pocos los lean, y discriminan contra los considerados hostiles sin tomar en cuenta su tirada, o sea su capacidad para informar a la ciudadanía acerca de las actividades oficiales.

La actitud agresiva del gobierno kirchnerista hacia la prensa no es necesariamente peligrosa. Al fin y al cabo, en el Primer Mundo abundan los gobiernos democráticos cuyos dirigentes propenden a creerse los dueños exclusivos de la verdad y los buenos sentimientos pero no tratan de censurar a los medios que los molestan. Así y todo, es innegable que se ha difundido la sensación de que en nuestro país las presiones oficiales tienden a intensificarse y que andando el tiempo podrían asumir formas reñidas con el respeto por la libertad de expresión exigida tanto por las normas comunes a todas las democracias como por la Constitución nacional. Por tratarse de un país en que las tradiciones autoritarias distan de haberse agotado, es natural que los preocupados por la libertad reaccionen frente a cualquier manifestación oficial que podría considerarse intimidatoria. Aunque por ahora sólo ha sido cuestión de la voluntad excesiva de ciertos mandatarios provinciales de iniciar causas por injurias contra periodistas críticos o de castigar económicamente a aquellos medios que investigan presuntos casos de corrupción, se teme que en los años próximos se produzca una especie de ofensiva por parte de un gobierno nacional que ya no tenga que preocuparse por el Poder Legislativo y que esté en condiciones de influir cada vez más en el Judicial y, desde luego, de gobernadores provinciales habituados a manejar sus distritos como si fueran sus feudos personales.

Conforme a los "estrategas" del oficialismo, tanto el presidente Néstor Kirchner como su esposa y probable sucesora, la senadora Cristina de Kirchner, quieren vincularse directamente con la ciudadanía sin que los medios gráficos y electrónicos actúen como intermediarios, razón por la que a diferencia de sus homólogos de países "normales" nunca celebran conferencias de prensa y procuran impedir que sus colaboradores mantengan informados a los periodistas especializados. La pretensión así supuesta es negativa. Como con toda seguridad los Kirchner entienden muy bien, la comunicación "directa" de un jefe de Estado con el resto de la población, una modalidad que es típica de regímenes dictatoriales, sencillamente no puede sustituir a la "indirecta" a través de medios de prensa autónomos. Los discursos del presidente o su esposa son monólogos, ya que a lo sumo el público sólo puede contestarlos con aplausos o, llegado el caso, con abucheos, sin tener ninguna oportunidad para insistir en que se expliquen con mayor claridad o para contrastar sus afirmaciones con datos concretos. Para que haya un diálogo auténtico entre el gobierno y los gobernados, es esencial que quienes están en el poder se sientan obligados a contestar a las preguntas detalladas que les formulen periodistas que se han dado el trabajo de mantenerse debidamente informados acerca de las propuestas, promesas, logros y fracasos de los funcionarios. Por lo tanto, negarse a permitir que la prensa desempeñe el mismo papel que cumple en todas las democracias avanzadas es de por sí antidemocrático, ya que está claramente motivado por el deseo de privar a la ciudadanía de la información que le permitiría tratar de impedir que el gobierno abuse del poder que por un tiempo limitado le ha concedido.