SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Los concejales comenzaron a analizar ayer el resultado de la audiencia pública en la que se debatió la regulación de los casinos y están resueltos a definir la suerte del proyecto en la próxima sesión ordinaria.
Ayer la comisión de Gobierno y Legales barajó algunos cambios que podría introducir en el texto llevado a la audiencia, a partir de los aportes realizados por los vecinos.
Uno de los agregados sugeridos por los concejales Andrés Martínez Infante y Diego Breide (Encuentro) apuntaría a restringir el acceso al casino de los beneficiarios de subsidios y planes de empleo que no tengan otro ingreso, tal como propuso el sindicalista Wálter Cortés.
La iniciativa de los ediles opositores consiste en limitar el horario de funcionamiento del casino (hoy abre a las 10 y quieren que lo haga a las 14), además de crear una tasa de $5 por cliente ingresado que iría a sostener un fondo de prevención de adicciones.
El proyecto también apunta a prohibir la existencia de cajeros automáticos en el casino y obliga a aprobar cualquier nueva habilitación del rubro.
Hugo Cejas (SUR) consideró indispensable realizar un estudio más a fondo del proyecto y las reformulaciones posibles. "La gente no está golpeando la puerta para que resolvamos ya, sino para que resolvamos lo mejor", argumentó.
Pero el resto de los ediles consideraron que la audiencia pública realizada el 28 de septiembre impone acelerar las definiciones. Se comprometieron entonces emitir dictamen sobre el proyecto el próximo martes y llevarlo a la sesión del jueves 25.
Varios de ellos señalaron que el resultado de la audiencia los sorprendió por el nivel de participación y por el contenido de las exposiciones.
El resto de los ediles observaron que, al margen del casino y sus empleados (preocupados por la fuente de trabajo), el resto de los oradores de la audiencia reclamaron una regulación para las salas.
Varios incluso consideraron que el proyecto planteado se queda corto y directamente pidieron el cierre del casino que funciona en Onelli y Elflein. Martínez Infante dijo que esto último excede a lo que es posible legislar por ordenanza, pero aclaró que "está el camino abierto para hacer un planteo jurídico porque nunca se licitó".
La presidenta de la comisión de Gobierno y Legales, Guillermina Alaniz (UCR), también entendió que existe un compromiso de darle tratamiento durante la actual gestión. Dijo que la supuesta afectación de la fuente laboral nunca fue precisada ni cuantificada por el casino, a pesar de los pedidos expresos que se cursaron desde el Concejo.
