VIEDMA (AV).- El gobierno rionegrino estudia regular la convivencia entre empresas hidrocarburíferas y los propietarios de inmuebles rurales dedicados a las actividades agrícolas, según revelaron fuentes oficiales.

De esta manera quedarían a salvo los inconvenientes que ya se habrían generado en algunas chacras del Alto Valle donde las petroleras deben hacer exploraciones sísmicas para detectar nuevas áreas de explotación.

Si bien éstas deben contar con el permiso del privado, en la práctica en algunos casos se tornaría conflictiva cuando se intenta "amojonar" dentro de un monte frutal. En otros casos, el área de Hidrocarburos tuvo que enviar inspectores a una chacra ubicada entre Fernández Oro y Cipolletti para verificar el estado de un pozo que funciona dentro del predio.

Para llegar a una buena convivencia entre los sectores involucrados, dar seguridad jurídica a las inversiones petroleras y dejar en claro que los recursos del subsuelo pertenecen al Estado provincial, la administración Saiz estudia al más alto nivel guberna mental enviar a la Legislatura un decreto-ley, con acuerdo general de ministros para sortear este tipo de inconvenientes. Por las características de este procedimiento administrativo, considerado más ágil que un proyecto de ley, el mismo podría estar en vigencia en muy poco tiempo.

La batería legal de medidas tendría un sustento basado en cuestiones de derecho desde el propio Estado. Se analiza que en la iniciativa quede fehacientemente reafirmado el

pleno ejercicio del dominio originario y la administración sobre los yacimientos hidrocarburíferos que se encuentren ubicados en el territorio provincial. Se incluiría, en este sentido, al lecho y subsuelo del mar territorial.

En este marco, se buscará declarar de utilidad pública e interés social a toda actividad hidrocarburífera.

Las fuentes oficiales explicaron a "Río Negro" que con este instrumento el Estado tendrá derechos sobre el subsuelo desestimándose posibles conflictos judiciales por parte de abogados de los sectores privados.

El decreto-ley encomendaría al Ministerio de Producción que determine las zonas de la provincia en las cuales se interesen promover las actividades hidrocarburíferas y ejercer en forma plena e independiente su total control.

Un párrafo aparte sería incluido para aclarar todo tipo de roces que puedan generarse en la convivencia dos sectores productivos de distinto origen, y para ello se establecerían procedimientos de constitución de servidumbres, se fijarían compensaciones y actualizaciones reconocidas a los propietarios superficiarios.

Para las tierras de secano se concretará una actualización de los valores indemnizatorios a los propietarios. En concepto de lucro cesante y daños emergentes treparán en un 80% de acuerdo a la tabla fijada por la Nación.

Antecedente

El sustento normativo hará referencia a la Ley nacional Nº 17.319 que regula la producción hidrocarburífera y en la que se plantea que los yacimientos pertenecen al Estado nacional.

Una modificación posterior a ese texto -por medio de la Ley 26.197- faculta a la provincia a dictar procedimientos en las funciones delegados por el Estado nacional.

Desde que cobró vigencia la transferencia de este tipo de recursos desde la Nación a Río Negro, se incorporaron a los pliegos licitatorios de nuevas áreas petrolíferas de la denominada "Cuenca Neuquina" (que llega aproximadamente hasta Chichinales) se definieron en una primer etapa límites de exploración y explotación para todos los cursos fluviales provinciales, lagos y lagunas.

La Ley provincial Nº 3.266 y el decreto del Consejo provincial de Ecología y Medio Ambiente (Codema) Nº 452 forman parte de la legislación provincial a seguir para el desarrollo de cualquier labor asociadas a este tipo de recursos.