NEUQUÉN (AN)- El proyecto de reforma procesal administrativa avanza en dirección hacia "la desprotección de los derechos de los ciudadanos, restringe el acceso a la justicia, fijando plazos y condiciones nuevas que provocan esa restricción. Reformar una ley para dificultar y no para facilitar la protección judicial de los derechos del hombre, es hoy en el sistema constitucional argentino ilegal".
Así lo expresa un duro y exhaustivo análisis elaborado por los abogados y docentes universitarios Pablo Gutiérrez Colantuono, Federico Egea y Juan Justo, de la cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional del Comahue.
Añaden que "los actuales diputados no tienen legitimidad para armar un nuevo escenario de derechos y de acceso a la justicia para los tiempos que vendrán. Serán los hoy diputados electos quienes gozarán de la legitimidad y fuerza necesarias para llevar adelante el armado de un nuevo sistema de justicia para todos los neuquinos".
El documento, al que tuvo acceso "Río Negro", es uno de los más rigurosos análisis técnicos que se conocen del proyecto de reforma Procesal Administrativa, una de las tres que intenta imponer el gobierno provincial antes de irse. Las otras dos son la Procesal Penal y la Procesal Civil.
La semana pasada, representantes del ultrasobischismo intentaron acelerar los latidos del proceso reformista pero se toparon con la resistencia de la oposición política y también del gobierno emepenista electo. Hoy es incierto predecir si lograrán aprobar alguno de los tres nuevos códigos antes del 10 de diciembre.
El trabajo de los abogados señala que "nos hallamos frente a un sistema de justicia débil y permeable, especialmente el Ejecutivo (...) Este sombrío panorama institucional se complementa con una Legislatura con nula producción o, en algunos casos, con leyes aprobadas en despachos justamente ajenos a los de los diputados".
"Es en este contexto en el que se pretende 'discutir' y 'debatir' un nuevo sistema de justicia, a través de la insistencia por parte del Tribunal Superior -junto con la Asesoría General de Gobierno- de la aprobación de tres códigos procesales nuevos", añade.
También señala que "se utiliza la excusa formal de actualizar tres códigos procesales para dejar armado un sistema de justicia para cuando algunos o casi todos no estén más. Y de esta forma permanecer".
Sobre el proyecto de reforma procesal administrativa se preguntan: "¿Cuántos juzgados habrán? ¿Cuántos jueces de cámara para la apelación? No lo sabemos, no lo podemos contestar".
A criterios de los especialistas, "el Código Procesal Administrativo que se pretende reformar está vigente desde 1980 y es un ejemplo en el país", pero el proyecto que se intenta aprobar "es regresivo en términos del Sistema Americano de Derechos Humanos".
