NEUQUÉN (AN)- Quienes eran los máximos responsables políticos de la seguridad en la provincia, Raúl Pascuarelli y Carlos Zalazar, serán indagados mañana y el jueves acusados de actuar "con negligencia" durante la represión a los docentes en Arroyito. Su comportamiento, según la acusación fiscal, tuvo "directa relación causal" con el asesinato de Carlos Fuentealba, alcanzado por una granada policial. La figura legal es homicidio culposo.
Hoy será el turno de presentarse al juzgado del comisario Jorge Garrido, jefe de los grupos especiales que participaron de la represión.
Con las declaraciones de Pascuarelli, ex subsecretario de Seguridad, y de Zalazar, ex jefe de la Policía, culminará la rueda de indagatorias dispuestas por el juez Cristian Piana a pedido del fiscal Richard Trincheri.
El 4 de abril, cuando se produjo la represión, ambos ex funcionarios estuvieron en la ruta 22 en la rotonda de Arroyito controlando el operativo. Para el fiscal, actuaron "con negligencia en el cumplimiento del mandato legal que ambos detentaban en el ejercicio de sus funciones como garantes para la preservación de los bienes jurídicos puestos en riesgo, en forma cierta y concreta".
Esos "comportamientos negligentes" tuvieron, a criterio de la acusación, "directa relación causal con la muerte" de Fuentealba, "en tanto constituyeron una circunstancia que evidentemente incrementó el riesgo más allá del límite razonable permitido para que se produjeran afectaciones a los bienes jurídicos".
Hasta el viernes, ninguno de los dos imputados había designado un abogado que los patrocine y se ignora qué actitud tomarán cuando se sienten ante el juez.
El panorama hasta ahora, cuando ya declararon casi todos los policías imputados por su participación en la represión, puede resumirse en los siguientes puntos:
"Los cuadros inferiores, miembros de los grupos especiales, se negaron a declarar.
"Los jefes sí lo hicieron, y respondieron a una estrategia de defensa con nítidos ejes: la orden de impedir el corte la impartió el gobernador Jorge Sobisch; la ejecución estuvo a cargo de la Policía; nadie ordenó disparar contra Fuentealba; nadie vio el momento en que le disparaban; y la primera información que se manejó internamente fue que había ocurrido un accidente de tránsito y no un asesinato.
Esta fue, en líneas generales, la argumentación desplegada por Moisés Soto, ex subjefe de la Policía; Adolfo Soto, superintendente de Seguridad; Mario Rinzafri, jefe del operativo; y Aquiles González, otro de los jefes de los grupos especiales.
