Cuántos de nosotros seguiríamos siendo virtuosos si estuviéramos en poder del anillo de Gyges el anillo que hace invisible a su portador y pudiéramos cometer una variedad de delitos con plena impunidad? La pregunta que, de modo retórico, se formula Philip Pettit ("Republicanismo", Editorial Paidós) permite reconocer el valor disuasorio que tiene el sistema penal en las sociedades humanas. El derecho penal sirve para proteger a los ciudadanos, tipificando las conductas que son delictivas y exponiendo a los delincuentes a sufrir los castigos legales.

Las penas aplicadas a los delincuentes, que en la mayoría de los casos conllevan la pérdida de la libertad, responden a un doble propósito. Por una parte persiguen el objetivo disuasorio que hemos referido, para que todos los individuos que observan esas normas no dejen de cumplirlas por el temor a recibir la sanción. Por la otra, responden a una lógica de reprobación y retribución, pensando en compensar a las víctimas.

La intensidad de los castigos penales está vinculada a las costumbres y las modas morales. Tocqueville relata en su obra "La Democracia en América" el código de leyes que el pequeño estado de Connecticut (EE. UU.) se dio en 1650. "Quienquiera que adore a otro Dios que no se el Señor será reo de muerte" señalaba una de sus disposiciones. Para aquellos peregrinos puritanos, la religión y el derecho están tan vinculados que la simple blasfemia, la hechicería, el adulterio y la violación se castigaban con la muerte. Las relaciones sexuales entre personas no casadas estaban severamente castigadas y el juez podía infligir a los culpables cualquiera de estas tres penas: la multa, el azote o el matrimonio.

En las modernas sociedades democráticas el derecho penal está despojado de toda connotación religiosa y actualmente se procura evitar caer en lo que Montesquieu denominaba "la tiranía de la venganza". Partiendo del presupuesto de que las leyes penales son armas delicadas y peligrosas, se argumenta a favor de la parsimonia en su aplicación y en evitar, por contraproducente, el castigo desproporcionado a los delincuentes.

El objetivo de las penas, en la presentación de Pettit, debería cubrir los siguientes extremos: reconocimiento del estatus de la víctima por parte del delincuente, restitución y reparación a la víctima o a la familia de la víctima por el daño hecho y renovación de la seguridad de la comunidad en el deseo de que el delincuente deje de ser una amenaza.

Llevado por sus ideales republicanos es Philip Pettit su autor preferido el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, está impulsando una política penitenciaria dirigida a la rehabilitación de los presos. El gobierno planea implantar en todas las prisiones los "módulos de respeto", donde los reclusos ganan en calidad de vida a cambio de cumplir con un plan de trabajo.

El ingreso a estos módulos es voluntario y se obtiene tras un informe favorable de la Junta de Clasificación. Los internos firman un contrato por el que se comprometen a respetar las reglas de juego y así deben cumplir con un programa que incluye trabajo, ocio y estudio. Algunos internos terminan sus estudios de bachillerato y otros se incorporan a la universidad a distancia.

Celebran asambleas y se organizan en comisiones de trabajo (cultura, deportes, medio ambiente, etc.). De este modo consiguen un espacio en el que la solidaridad y la cooperación sustituyen las peleas y el ocio improductivo. El experimento ya funciona en diez prisiones españolas y las autoridades de Instituciones Penitenciarias pretenden que para el 2009 se haya implantado en todos los penales del Estado.

En Argentina, lamentablemente, la situación carcelaria está muy alejada de esos parámetros. La sensibilidad que el gobierno ha demostrado por la violación de los derechos humanos en el pasado no se ve acompañada por una preocupación simétrica por los derechos humanos que se están vulnerando en las cárceles en el presente. El defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, en un informe elevado recientemente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, exhibió la crítica situación del sistema carcelario argentino que "convierte a los internos en ciudadanos de segunda".

El informe denuncia la sobrepoblación carcelaria, el hacinamiento y la violencia en las cárceles como clara manifestación de la vulneración de derechos humanos. Destaca también la "la falta de políticas de integración que, a través de la educación y la enseñanza de oficios, capitalicen la experiencia carcelaria más allá del mero encierro".

En un momento en que algunas experiencias españolas encuentran favorable acogida en las propuestas de la candidata a presidenta, sería de interés que tomara también en cuenta las iniciativas penitenciarias de Zapatero. Aunque carecen de atractivo electoral, apuntan a mejorar el estado de los derechos humanos en un lugar que suele ser olvidado por la sociedad. En Argentina urge reparar ese descuido.

ALEARDO F. LARIA (*)

Especial para "Río Negro"

(*) Periodista y abogado