Allegados a las investigaciones explicaron que la organización se dedicaba a cerrar empresas textiles que luego reabrían con el argumento de "mantener las fuentes laborales", haciendo que los empleados se transformaran en monotributistas. Agregaron las fuentes que "la supuesta cooperativa formada por los trabajadores solo obtenía 10 por ciento de las ganancias y el resto era para la gavilla".

Según los informantes, la organización delictiva estaba compuesta por un matrimonio, los suegros de estos, algunos cuñados y empleados de confianza. La gavilla familiar fue desarticulada por efectivos de la División Fraudes Bancarios -que depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales-, que realizó 13 allanamientos en Mar del Plata, Pinamar, Miramar, San Martín de Los Andes, Zapala y Bariloche y detuvo a 10 de sus integrantes.