Después de años de estar estancados en el Congreso varios proyectos de ley vinculados a este delito, que por ello no terminaba de configurarse como tal -incluido uno de la senadora Cristina Fernández-, el presidente Néstor Kirchner decidió firmar un Decreto, el 1281/2007 creando el "Programa Nacional de Prevención y Erradicación de la Trata de Personas y de Asistencia a sus Víctimas", en el ámbito del Ministerio del Interior.
La medida fue celebrada por todas las organizaciones que desde hace años luchan para enfrentar esta grave problemática social que se ha extendido de modo alarmante en el Cono Sur y en todo el mundo.
Aun así, desde el Programa Esclavitud Cero, coordinado por la licenciada Mercedes Assorati, advierten que si bien es un motivo de celebración el hecho de que la trata sea a partir de la firma del decreto, una política de Estado, "sólo se habla de 'coordinación de recursos' y no de coordinación, cooperación y articulación interinstitucional, coordinación que -aquellos que trabajamos con las víctimas- sabemos tan necesaria. No queda claro en el decreto si, dentro del Ministerio del Interior, será el Programa de Víctimas contra las Violencias el que coordinará el Programa Nacional". Desde esta organización, sin embargo, esperan que se trate de "una omisión que se superará en la práctica, así como la falta de mención a políticas o medidas reparatorias" hacia las víctimas.
El proyecto de ley con media sanción en el Senado, cuya autora fue la legisladora Vilma Ibarra, se había trabado en Diputados justamente por este último punto, que los especialistas no consideran un asunto menor. Entre los puntos salientes del decreto se destacan que se decide su implementación "en cumplimiento de los tratados internacionales" y en consecuencia "resulta política de Estado la prevención en el rastreo y detención de los responsables por el delito de trata de personas, así como la asistencia a sus víctimas y la sanción a los traficantes e intermediarios. Que es dable destacar el reiterado compromiso de los gobiernos y los Organismos Internacionales
en legislar de modo tal que sea posible asistir a las víctimas, y prevenir el incremento del delito neutralizando las actividades de las organizaciones, las cuales, en redes internacionales, reproducen distintas formas de esclavitud. Que la trata de personas no sólo involucra la explotación sexual, sino también múltiples actividades delictivas asociadas con prácticas esclavistas, como trabajos forzados, reducción a la servidumbre, secuestro, distintas formas de violencia, privación sistemática de la libertad y violaciones a los Derechos Humanos. Que conforme lo hasta aquí expuesto, el Estado Nacional asume la responsabilidad de avanzar en una perspectiva ética destinada a asistir a las víctimas de este flagelo. Que, por todo lo expuesto, se propicia la creación del "Programa Nacional de Prevención y Erradicación de la Trata de Personas y de Asistencia a sus Víctimas", en el ámbito del Ministerio del Interior".
En el decreto se establece que ese "ministerio será la autoridad de aplicación y podrá coordinar acciones con las distintas provincias y con los distintos organismos nacionales e internacionales. El programa tendrá a su cargo la realización de funciones y, en general, de todas las gestiones tendientes a la prevención y erradicación de la trata de personas y asistencia a sus víctimas". Además, "promoverá la articulación interinstitucional entre organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil y proponer protocolos de trabajo y asistencia interinstitucionales para la implementación de acciones destinadas a la prevención, la asistencia y la reinserción social de las víctimas".
Por otra parte, establece la creación del Registro Nacional de Datos vinculados con el delito de trata de personas, como sistema permanente y eficaz de información y monitoreo cuantitativo y cualitativo que facilite la implementación del presente Decreto. A tal fin se deberá relevar periódicamente toda la información que pueda ser útil para combatir este delito y asistir a sus víctimas. Se solicitará a los funcionarios policiales, judiciales y del Ministerio Público la remisión de los datos requeridos a los fines de su incorporación en el Registro.
