Viernes 05 de Octubre de 2007 Edicion impresa pag. 26 y 27 > Internacionales
EE. UU. afirma que no autorizó torturas a presos
Un documento dice que el Departamento de Justicia se lo permitía a la CIA

WASHINGTON- La Casa Blanca negó ayer que la secretaría de Justicia haya autorizado la aplicación de torturas en interrogatorios a presuntos terroristas tal como sostiene un memorándum secreto publicado por el diario "The New York Times".

"Este país no tortura: es la política de Estados Unidos que no se debe torturar, y no torturamos", aseguró la vocera de la Casa Blanca, Dana Perino, en una conferencia de prensa, informó la agencia ANSA.

La declaración de Perino fue una respuesta al diario "The New York Times" que en su edición de ayer publicó un documento secreto de febrero 2005 en el que el Departamento de Justicia opina a favor de que la CIA someta a prácticas "violentas" a sospechosos de terrorismo para obtener información.

Entre las prácticas citadas en el memorándum figuran "tácticas que causan dolor físico y corporal, entre ellas golpearles la cabeza a los detenidos, simular que se los va a ahogar o someterlos al frío".

La nota del diario neoyorquino señala que, si bien la CIA interrumpió brevemente en 2006 la aplicación sistemática de maltratos a los detenidos, retomó su uso que sigue vigente hasta la actualidad.

La denuncia indica que la "mano dura" se reinstaló gracias a la cobertura legal ofrecida por la Secretaría (Ministerio) de Justicia.

Consultada acerca del artículo periodístico, Perino confirmó la existencia del memorándum aunque evitó explicar si efectivamente autorizaba la aplicación de tormentos.

En 2005 el Departamento de Justicia estaba al mando de Alberto Gonzales, un estrecho colaborador del presidente George W. Bush que fue desplazado en agosto último por "abuso de poder" debido a su presión para que se despida a nueve fiscales federales.

La confirmación de la denuncia periodística demostraría el incumplimiento de la ley contra la tortura aprobada por el Congreso y de la sentencia de la Corte Suprema que ordenaba garantizar a todos los detenidos señalados como miembros de Al Qaeda los derechos de la Convención de Ginebra. (Télam/DPA)

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