VIEDMA (AV)- El Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross) y los prestadores médicos de esta capital no logran ponerse de acuerdo con el valor de los aranceles, pese a que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) ordenó alcanzar la firma de un convenio que permita a 30.000 afiliados volver a ser atendidos en consultorios sin la necesidad de tener que desembolsar más que el pago de un coseguro.

La oferta que se puso a disposición del Colegio Médico Zona Atlántica contiene un monto de 170.000 pesos con un cupo de 5.000 consultas mensuales. Sin embargo, el miembro de esa entidad, Reynaldo Galaburry, se mostró disconforme debido a que no existen cifras coincidentes con el anterior nivel prestacional que tenían tiempo atrás.

Puntualizó que "siempre hubo un cupo histórico de 11.000 consultas y un padrón de 30.000 afiliados, por lo tanto queremos saber por qué existe tanta diferencia".

La oferta estaría relacionada con que el resto de las consultas tienen por destino organizaciones mutuales. La obra social y el colegio aún pueden continuar negociando dado que el STJ les otorgó un tiempo bastante prudencial para llegar a un acuerdo.

Paralelamente, la seccional Río Negro de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) planteó medidas urgentes proponiendo -sin romper el principio de solidaridad- revisar los aportes de los trabajadores incluyéndose en su cálculo las sumas no remunerativas. Pidió adecuar estos aportes a un valor que permita sostener los gastos revisando las situaciones en las que el aporte está desfasado respecto a los servicios que se prestan, fijando un valor mínimo como piso de los aportes.

Consideró la necesidad de establecer con los prestadores un proceso de negociación de la deuda existente, mientras que la obra social deberá cumplir puntualmente con sus obligaciones mensuales.

Los hospitales públicos deberán ser incluidos en esta negociación.