El conflicto y crisis que viene atravesando el sistema de salud provincial se suma el que es de público conocimiento, con sobrados antecedentes en los medios, que afecta la relación de los anestesistas con el Estado, lo que impacta directamente la calidad de la atención sanitaria del hospital Castro Rendón. El reciente fallo de la Cámara de Apelaciones local le ordena a la provincia rechazar las renuncias de dos anestesistas, a quienes obliga a continuar durante seis meses en sus puestos de trabajo y en tanto no se provea su reemplazo.
Ahora cabe preguntarnos: ¿puede un juez obligar a dos profesionales a continuar en su cargo contra su voluntad, rechazando sus renuncias?
Antes de avanzar en nuestra opinión respecto de semejante reacción judicial, nos parece justo indagar en los orígenes del problema.
Uno de los males que aquejan a nuestra sociedad desde hace décadas, sin dudas, es el corporativismo, práctica que parece haber alcanzado su punto culminante en la cerrada organización montada por los anestesistas a través de sus entes profesionales, unidos en la Federación Argentina de Asociaciones de Anestesistas, que tiene la única llave de acceso a formación en la especialidad, a la práctica profesional y hasta a los honorarios que cobrará cada uno de los médicos que ejercen en todo el territorio nacional.
Lejos del engrandecimiento de la profesión, el privilegio de una oferta deliberadamente menguada mediante trabas al ingreso de nuevos practicantes, es lo que caracteriza a una asociación típicamente corporativa. En ella, los que ya lograron pertenecer y conducen, siempre ganan; en cambio, quien desea ejercer su profesión en libertad se transforma en rehén; quien intenta ingresar a la actividad no puede y la comunidad destinataria del servicio pierde.
Por el otro lado, un Estado ineficiente tanto en la administración como en su servicio de justicia ha brindado las peores respuestas que se podían esperar.
Primero, desde la organización y manejo del sistema de salud, tolerando las presiones corporativas o apostando a enfrentarlas por la fuerza y no con la ley; eludiendo los mecanismos administrativos de contratación del personal estatal que hubiesen permitido regular la aceptación de renuncias de acuerdo con las necesidades del servicio, el sistema se ha plagado de inestabilidad e incertidumbre para sus dependientes, arbitrariedad remunerativa, manejos políticos partidarios, contrataciones oscuras, irregularidades varias y cuantos desajustes se nos ocurra imaginar.
Segundo, desde el servicio de justicia, que en vez de atacar el problema central corporación e ineficiencia estatal ha preferido tranquilizar su conciencia de llegar siempre tarde, cargando sobre dos seres humanos el sostenimiento de un sistema que se cae a pedazos frente a sonoras invocaciones de "bien común", "interés general", "solidaridad", "derechos comunitarios", etc.
Si las facultades de un juez comprenden las de avasallar las libertades individuales al modo en que se ha hecho, el Estado de derecho y el sistema democrático están en riesgo.
La respuesta de la Justicia es absolutamente reduccionista, al sostener que "la preservación del sistema de salud y a la vida de la población sometida a la atención pública del hospital sólo puede abordarse impidiendo la desafectación de los profesionales". En términos concretos lo que hace es liberar de sus responsabilidades al Estado provincial por seis meses, cargando la falsa esperanza de mantener el servicio de anestesia del hospital Castro Rendón ya colapsado hace tiempo sobre sólo dos médicos de la especialidad, que aparentemente intentaban reconducir su vida por otros caminos.
La preservación del sistema de salud de la población debería abordarse a través de una política pública clara que defina a la salud como un derecho humano básico, con un adecuado plan o programa de mejoramiento de la prestación de cada uno de los servicios libres de presiones, en condiciones de respeto hacia la dignidad humana y con una adecuada provisión de suministros médicos.
Y la solución democrática al conflicto debió consistir en conminar al Estado para que organice un servicio de anestesiología libre de toda interferencia corporativa, con médicos independientes argentinos o extranjeros, asociados o no que de veras quisieran brindar sus servicios a la comunidad.
En lugar de ello, al mal corporativo se prefirió otorgar una respuesta totalitaria que sacrifica a dos seres humanos. Las autoridades de Salud y la corporación de anestesiólogos, agradecidas.
Aunque resulta cómodo, es falso pensar que vulnerando la libertad individual de dos personas pueda cumplirse con el cometido de paliar un sistema de salud en crisis. Dos médicos no apagan el incendio.
Finalmente, es un sofisma argumentar que la salida de ambos profesionales de un establecimiento que requiere diez o quince ponga en peligro la vida de la población. Lamentablemente, como todo sofisma, al cabo de los seis meses impuestos por el fallo, el encanto caerá y los ciudadanos veremos frustradas nuestras ilusiones nuevamente por promesas incumplidas. En síntesis, el problema seguirá siendo el mismo, el sistema estará como hoy o peor y sólo una cosa habrá cambiado: en una pesadilla de tipo orwelliana, dos almas habrán sido privadas de su libertad por seis meses que nunca recuperarán.
CLAUDIA G. VAZQUEZ y GASTON RAMBEAUD (*)
Especial para "Río Negro"
(*) Abogados. Neuquén
