NEUQUEN (AN).- No habrá audiencia pública por el impacto ambiental que puedan producir las edificaciones que se construyen en la isla 132. A cambio los concejales de la Unión Cívica Radical (UCR) y del Movimiento Popular Neuquino (MPN) emitirán un proyecto "instando" a la comuna y a la corporación estatal del Paseo de la Costa -integrada por el municipio y la provincia- a implementar en 45 días un Observatorio Ambiental.
El desarrollo del Observatorio Ambiental es un asunto que ya habían acordado el presidente de Cordineu César Gass y el defensor del Pueblo Juan José Dutto, el 21 de septiembre.
Fue a la salida de una reunión ampliada de la comisión de Legislación General organizada para que pudiera lucirse el trabajo de Cordineu, y en la que poco se ahondó sobre las alternativas morigeradoras de los efectos ambientales negativos considerados en el estudio realizado por la misma empresa que construye el complejo en la isla.
En el mismo momento en que los bloques oficialistas decidían ayer no llamar a audiencia pública, la defensoría del Pueblo presentaba un informe especial ampliatorio con consideraciones técnicas y legales que "vuelven necesaria" la habilitación de un ámbito donde los ciudadanos puedan informarse.
"No podemos satisfacer los caprichos de todo el mundo", sentenció el emepenista Oscar Closs, presidente de la comisión de Legislación General, luego de plantear que la audiencia pública no es necesaria porque "se ha dado participación", "escuchado" y "recibido" a "todos los sectores". Su compañera de bloque, Emilce Troncoso, puso en duda la legitimidad de la preocupación de los vecinos: "veo un oportunismo político", dijo.
El radical Fabián Pelliza omitió pronunciarse contra la audiencia pública y centró su argumento a "instar" el cumplimiento de la ordenanza que crea el Observatorio y se espera que sirva para monito
rear la degradación ambiental y planificar medidas morigeradoras. Pelliza dejó de lado las sutilezas cuando el concejal Jorge Salaburu deslizó que la oposición de los bloques oficialistas se fundaría en "obediencia" a sus respectivos gobiernos, municipal y provincial.
"Pongamos las cosas en blanco: si Gass y Pelliza dicen que están de acuerdo, no veo dónde está el inconveniente para no hacer la audiencia pública", insistió Darío Martínez (PJ).
Acerca del destino que tendrán los efluentes de las torres y comercios en la isla 132, Salaburu notó que ni la municipalidad ni el EPAS han previsto fondos para ampliar la planta de tratamiento de Tronador, que según el informe de GyD está volcando 27.500.000 litros diarios de desechos crudos al río. Para Closs este problema se extiende a toda la ciudad y no por esta razón debiera objetarse el desarrollo urbano en la isla.
