ROCA (AR).- Preocupados por el avance de un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura que, afirman, profundizará la "deficiente prestación de justicia" existente en Río Negro, la agrupación Familiares del Dolor se reunió ayer en Roca con un grupo de legisladores provinciales y el auditor del Poder Judicial para solicitar que se impida su aprobación y debatir una reforma integral del organismo que se realice con el consenso de todos los sectores de la sociedad.

El proyecto de reforma cuestionado por la organización ya recibió media sanción en la Legislatura y plantea, entre otras cosas, establecer un plazo de duración de los sumarios contra los magistrados de 180 días y no considera la implementación del concurso público de oposición de antecedentes para la selección de jueces.

En este sentido, Carlos Pablo, cara visible de la agrupación, explicó que el plazo establecido sólo servirá para procurar la impunidad y carece de sentido sino se lo acompaña con otras reformas.

Además destacó la necesidad de que sólo ingresen al Poder Judicial sólo aquellas personas que cumplan con los requisitos de idoneidad para ejercer la función.

"En caso de aprobarse la reforma, existirá un trato desigual e injustificado [...] tan desigual es el trato, que a un juez por haber sido suspendido, el Estado (por intermedio de la comisión de transacciones judiciales) le pagó 200.000 pesos, mientras que por el daño moral por la muerte de un hijo, los jueces a un padre no le dan más de 30.000 pesos", señaló Pablo.

Una de las voces más críticas que se alzó contra el proyecto fue la del Auditor del Poder Judicial, Gustavo Martínez, quien calificó al proyecto llanamente de "inconstitucional" ya que violaría indirectamente la publicidad de los actos de gobierno garantizada en la Carta Magna.

Por otro lado, el funcionario consideró esencial la participación de la sociedad en la selección de los jueces y en el posterior control de sus actos. Por esta razón, Martínez señaló que el caso de la reforma del Consejo de la Magistratura "no tendría que estar limitada la participación. "Importa más la opinión de quien sufrió la deficiencia de la Justicia que la opinión de los abogados o los legisladores", resumió.