La pereza se extiende en un gobierno de casi cuatro años, con expectativas y riesgos por otro mandato.

La resolución del STJ en relación con el Ipross justificó el amparo de la Defensoría con un original encuadre jurídico: el "no hacer" de la administración pública "amerita su intervención". Lo fundamenta así el presidente del tribunal, Víctor Sodero Nievas.

Una visión que no es excluyente de la Justicia.

"¿Cuándo vamos a empezar a gobernar?", se impuso un irreverente e influyente miembro del poder mientras el gobernador Miguel Saiz permanecía esta semana en Brasil, en gestiones oficialmente desconocidas y cuya utilidad todavía es más ignota. En definitiva el mandatario ayer reconoció que se trató de un viaje a Porto Alegre para visitar una fábrica de tractores.

La resolución del STJ que obliga a médicos de Viedma a cumplir con prestaciones al Ipross suspendidas desde hace cinco años fue un testimonio elocuente de la inercia. Pero la solución judicial tiene plazos: se extenderá por seis meses. Por eso, antes de abril la obra social y los profesionales deberán acordar su propia salida.

El fallo constituyó un importante logro de la defensora Ana Piccinini, que impuso el debate y forzó una resolución. Esta irrupción derivó en coincidencias impensadas: la preocupación del oficialismo por el precedente y la del Superior Tribunal de Justicia, siempre crítico por la judicialización de las acciones de gobierno.

El juez Luis Lutz se abstuvo, pero incorporó su impronta en el fallo. "No le corresponde al Poder Judicial diseñar, ni aprobar, ni corregir ni ejecutar las 'políticas activas' que subjetivamente entrecomilló de otros poderes". También advirtió sobre "la ineptitud para atender y resolver" por parte de "los responsables de gobernar y gestionar".

Ese magistrado, además, cuestionó la legitimidad de la Defensoría para realizar esa presentación y entendió que Piccinini debió actuar inicialmente y no lo hizo ante la administración pública.

El voto de Alberto Balladini que acompañó igualmente el forzado remedio que construyó Sodero Nievas reiteró el sentido de excepcionalidad del recurso y que "no está acreditada la legitimación de la Defensoría" para estos reclamos. Así, la mayoría del STJ clausuró un canal de futuras y similares peticiones de Piccinini.

Fue el ministro Pablo Verani quien transmitió ese temor institucional una semana antes a los jueces Balladini y Sodero Nievas.

No era simple premonición: la Federación Médica ya recurrió a la Defensoría para reclamar por una deuda por prestaciones de 4 millones y Piccinini pidió información al Ipross. No habrá sorpresas: su interventor, José Luis Collinao, anticipó que la Defensoría "no puede inmiscuirse" porque existe un contrato entre partes.

La Unter también reaccionó y presentó un amparo para que "se garantice la cobertura plena a todos los afiliados".

Ese derecho constitucional requiere algo más que la redacción de un fallo: hace falta una política de reestructuración de la obra social.

La ausencia de políticas del Ejecutivo engloba el pensamiento judicial. La resolución descifra el presente del Ipross, menciona el "no hacer" como razón del conflicto y pide que se imponga una "acción pro-activa" para la recuperación de la obra social. Un debate en que se expondrá en el futuro inmediato.

Saiz deberá finalmente establecer

algún lineamiento. Siempre cosechó ideas sueltas algunas de UPCN pero nunca delineó una dirección cierta. La realidad financiera requerirá una decisión. No hay demasiadas opciones: el aumento de los aportes y la limitación en las atenciones, es decir, del menú prestacional.

El empleado y el Estado suman el 9% de cada sueldo en concepto de aporte, a cambio de la cobertura al grupo familiar. Un alza de dos puntos unos 20 pesos en un sueldo mínimo totalizaría dos millones mensuales para el Ipross. Equivale a su déficit actual. Sólo una ecuación, pues la revisión impone un análisis más estructural.

La suba de los aportes y las restricciones prestacionales son acciones "políticamente incorrectas", pero algo habrá que hacer. De lo contrario, el Ipross pasará de "la crisis al caos", vaticinó Sodero Nievas.

Saiz tendrá que decir algo de la obra social. Simplemente, "hay que gobernar", como disparó aquel hombre del actual y del próximo poder.

Los ministros deambulan y buscan directrices. Sólo encuentran gestos imprecisos. Algunos más audaces confían en su determinación.

La norma que unificará la caja provincial sigue pendiente. Saiz tiene el proyecto de Hacienda, con correcciones y observaciones ajenas. Desde hace semanas, el gobernador está decidido y otorgará esa facultad adicional al contador Verani. El ministro tiene un objetivo financiero claro: concentrar en su tesorería la totalidad de los fondos públicos, incluso los de las empresas públicas. La disponibilidad de un sofisticado sistema electrónico de pago garantiza su principal ofensiva: el retiro de las chequeras de los organismos. Esa pulseada oculta su posicionamiento político para el presente y el futuro gobierno.

Saiz actúa entre los suyos y minimiza el impacto. "No cambia nada, Hacienda ya tiene todo concentrado", expresa. Esa certeza se profundizará en octubre, cuando la Legislatura o algunos ministerios Familia, Salud, Gobierno y Educación se queden sin presupuesto para concluir el año.

También el gobernador tendrá que decir algo sobre esto. ¿O mantendrá su silencio institucional?

Un mutismo que se impone también en lo político. Se trata del suyo, pues muchas voces disidentes se han escuchado últimamente para cuestionar directa o indirectamente su estrategia kirchnerista.

El desmadre de la dirigencia se ve aquí y allá. No hay una dirección única, sólo la resistencia a acompañar a la fórmula K. Hay reacciones contradictorias: pasividad de algunos y críticas de otros, pasando por quienes sobreactúan con los peores métodos, como los actos de repudio al presidente de la UCR, Gerardo Morales. Son diferentes síntomas de una misma incertidumbre.

Simula quien acusa sorpresa ante el posicionamiento nacional de Saiz. Su marcha era inequívoca. ¿Igual es inocente del cuadro actual? No lo es. Nunca generó un debate interno para explicar y cimentar esta difícil Concertación. El argumento programático quedó vacío de conceptos y de efectividad. ¿Pacto político? ¿Garantía de gobernabilidad?

El radicalismo rionegrino siempre fue dúctil al rumbo del poder, pero el gobernador subestimó la complejidad del camino. Hasta en la Convención partidaria recurrió a referencias insustanciales y a chicanas dirigidas a la conducción nacional.

Quedan capítulos para cerrar esta historia electoral. El próximo domingo se votará en Roca y la UCR roquense difícilmente según sus sondeos recupere la ventaja que lo distancia del intendente Carlos Soria.

Un mes después será la elección nacional y quedarán entonces expuestos los riesgos a los que se enfrenta el oficialismo provincial. Faltarán los comicios de San Antonio, en diciembre. Pero llegará el tiempo en que el gobierno advierta que el futuro es algo más que la próxima elección y el nuevo poder. Persisten los mismos problemas y, en definitiva, corresponderá a una administración de Saiz afrontarlos. Será tarde o temprano.