ROCA (AR).- La existencia de un preocupante porcentaje de panaderías clandestinas en el país, hecho denunciado hace unos días por la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines (FAIPA), no es ajena a las localidades valletanas y, si bien en Roca persisten este tipo de actividades, varios locales lograron regularizar su situación en el último año.
En este sentido, el director de Bromatología municipal, Daniel Carrillo, explicó que desde el año pasado la dirección emprendió un plan de regularización de varias panaderías de barrio que no estaban habilitadas por la comuna y las incluyó dentro de programas de microemprendimientos familiares. "Les damos un plazo para adecuar las instalaciones de la panadería, y si la situación edilicia del local no es tan insuficiente entregamos autorizaciones provisorias. Después volvemos a hacer una inspección", comentó Carrillo. El director afirmó que desde el año pasado y hasta ahora ya son 45 las panaderías que regularizaron su situación por medio de este sistema. En cuanto a aquellas que no pudieron evitar la clausura, que en total suman 4, Carrillo explicó que se debió fundamentalmente a problemas de higiene.
Sin embargo, existen posiciones que difieren de las expresadas por el funcionario municipal y que provienen, como puede esperarse, del conjunto de propietarios de panaderías que cuentan con la licencia reglamentaria. Según comentó el referente del Centro local de Panaderos, Eduardo Mirazzo, todavía existe una gran cantidad de locales que no se ajustan a las reglas y reciben en consecuencia "beneficios que no corresponden". "En estos sitios las leyes sociales del trabajador no se cumplen. Los empleados trabajan en negro y los empleadores no pagan los impuestos que nosotros sí pagamos", manifestó ofuscado.
Por su parte, Mauro Scaris, de la panadería "La Baguette", coincidió con las declaraciones de Mirazzo y agregó que la mayoría de estos locales no cuentan con una boca de expendio formal y que las condiciones de transporte del producto en estos casos distan de ser las adecuadas.
En cuanto a la forma de determinar si el producto proviene de panaderías licenciadas, Mirazzo comentó que en general "si el kilo de pan se ofrece a menos de $ 3,50, el cliente tendría que empezar a desconfiar sobre su origen". En este sentido, mencionó también la falta de membrete en las bolsas por unidad que se ofrecen en almacenes y que no especifican el origen de la panificadora.
La denuncia de la federación nacional da cuenta además de lugares en los que todavía se utilizan para elaborar el pan, aditivos prohibidos como el bromato de potasio, que genera efectos cancerígenos a largo plazo.
