NEUQUEN (AN)- La decisión de convocar a audiencia pública por el impacto ambiental que puede producir el complejo Ribera Urbana que se construye en la isla 132 quedó para más adelante, pese a que los decisores políticos reunidos ayer en la comisión de Legislación General apoyaron este mecanismo de consulta.

La cuestión que sí fue establecida es que el Ente provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) otorgó la factibilidad al emprendimiento pese a que la capacidad de la planta de tratamiento cloacal a la que se conectará está ampliamente superada y vuelca 27.500.000 litros diarios de desechos crudos al río. Temen que la contaminación se agrave.

"Nos están enclavando en un problema de la ciudad de Neuquén que no podemos solucionar", se quejó la abogada de Cordineu, Natalia Basterrechea.

"Es cierto que no es un problema actual ni de Cordineu, pero la provincia es parte de la corporación", había apuntado antes el defensor del Pueblo, Juan José Dutto.

El emepenista Oscar Closs, presidente de la comisión convocante, saltó a la palestra y antes de trenzarse en una fuerte discusión con Dutto sostuvo que no otorgar la prefactibilidad "causaría una enorme pérdida económica y además, no es un tema inherente a la reunión", concluyó.

"La comisión debe decidir y lo haremos en soledad", agregó, en tácita referencia a que no permitirá la presencia de terceros en la reunión que celebrará el lunes.

Los acuerdos no logrados en la reunión fueron sellados a la salida entre el titular de Cordineu César Gass y Dutto, tras convenir que las nuevas construcciones que se realicen en el Paseo de la Costa pasarán por el tamiz de la audiencia pública.

El arquitecto Juan Carlos Angelomé, quien tuvo participación directa en la construcción e implementación del plan maestro del proyecto Paseo de la Costa, relató con lujo de detalles el proceso y explicó cómo cada fase fue monitoreada con estudios rigurosos y controles posteriores.

Dutto, la organización "Río para Todos" y algunos concejales aclararon que no están contra el Paseo de la Costa sino que hay preocupación por el impacto ambiental que puede provocar la construcción de hoteles, oficinas y locales en la isla 132. Es la razón, dijeron, por la que reclaman la audiencia pública para informarse y opinar sobre lo que se quiere hacer.

Fue cuando se reveló que de un estudio elaborado por GyD surge que la planta Tronador recibe 55.000 metros cúbicos de efluentes diarios y de ésos, 27.500 se vuelcan crudos al Limay. "Es como si 2.700 camiones cisternas tiraran caca al río", ejemplificó Dutto.

Gass remarcó que fueron cumplidas todas las normas legales y no se convocó la audiencia pública porque la ordenanza nunca fue reglamentada.

Insinuó intencionalidad política porque "se nos reclama audiencia pública y no se solicitó lo mismo por la construcción de la nueva Legislatura y la Ciudad Ministerial".