El Estado chileno extraditó a Lima al ex presidente peruano Alberto Fujimori y evitó así al gobierno chileno un duro cuestionamiento internacional de parte de grupos e instituciones de derechos humanos. Al mismo tiempo, el caso es una "papa caliente" para el gobierno peruano, por la influencia que aún tiene en su país el ex presidente.

La implementación de la resolución adoptada por la Corte Suprema fue coordinada personalmente por la presidenta socialista Michelle Bachelet, una ex prisionera política que dijo que "los derechos humanos son la base moral de la democracia".

El gobierno, debilitado por sus problemas internos, tenía incluso previsto expulsar a Japón a Fujimori si el fallo judicial lo favorecía. Bachelet llegó al poder prometiendo luchar por los derechos humanos y construir memoria y su país se postula para presidir la Comisión de derechos Humanos de la ONU. Un fallo a favor de Fujimori dejaba a la presidenta al borde del precipicio y tensaba su relación con los sectores de izquierda de su coalición.

No hubo jamás espacio para ceder a supuestas demandas del gobierno peruano liderado por Alan García, quien llegó al poder con el apoyo del hombre que ahora deberá llevar a tribunales. El presidente del Perú teme que la presencia del ex mandatario podría "desordenarle" el país. Y es que Fujimori se convertirá en el reo de más peso en el país. Tiene una legión de seguidores que son aún entre un 15 y un 20% de la población electoral, con cierta capacidad de movilización. Además, desde que García llegó al poder, se habla de una tácita alianza suya con el oficialismo. Esa comunión es notoria en el Congreso, donde el Partido Aprista y la fujimorista Alianza por el Futuro caminan juntos.

El gobierno debe garantizar un proceso impecable, porque está entre dos fuegos. De un lado, es posible que se lo acuse de favorecer a Fujimori. De otro, sus aliados lo podrían apuntar de maniobrar contra el ex mandatario y entonces sufrir la pérdida de un aliado fundamental en el Congreso. (DPA)