NEUQUEN (AN).- Una nueva denuncia presentada ante la fiscalía de Delitos contra la Administración Pública siembra dudas sobre operaciones por sumas millonarias que tienen como actor principal al Banco Provincia de Neuquén. Los diputados Ariel Kogan (PJ) y Raúl Radonich (Frente Grande) piden que se investigue un pago de más de 2.000.000 de pesos a dos empresas. El desembolso, según los comprobantes presentados en la fiscalía, se efectuó en concepto de compensación por una operación para el desarrollo de una tarjeta de crédito durante la gestión del ex presidente de la entidad bancaria, Luis Manganaro.
Según reza el escrito presentado en fiscalía, el origen de la operación se remonta a 1998, cuando el Banco Provincia y Siscard SA comenzaron a trabajar para el lanzamiento de una tarjeta de crédito, aunque finalmente la iniciativa no prosperó. Años más tarde, en mayo del 2002, y en virtud de un acuerdo extrajudicial que benefició a la empresa, se realizaron pagos por 2.181.265 pesos, que fueron abonados íntegramente con Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (Lecops). Pero Siscard sólo percibió una suma cercana a los 190.000 pesos, ya que "aparentemente", dos compañías le habrían comprado los derechos sobre acciones judiciales contra la entidad bancaria provincial: Romi Export SRL y Shatler SA, las que cobraron, respectivamente, 605.000 pesos y 1.385.000 pesos.
"Le dimos la oportunidad al presidente del banco Omar Gutiérrez para que presente la documentación, cuando hace 50 días solicitamos información para certificar las relaciones comerciales, la supuesta cesión de derechos en favor de esas dos empresas y la memoria descriptiva de los pagos y las obligaciones", explicaron los diputados.
Los principales cuestionamientos tienen que ver con que, en primer lugar, "no tenemos conocimiento del desarrollo o no del trabajo de Siscard", dijo Kogan; y en segundo, "tenemos que recordar los casos Temux y Damovo", agregó el diputado en referencia a otras dos empresas vinculadas con el Banco Provincia y con el gobierno provincial. El caso Temux, aún sin resolución, significó una estafa de más de 20.000.000 de pesos a la entidad bancaria; mientras que Damovo es la empresa que vendió equipamiento por más de 20.000.000 de dólares al Estado neuquino, sin licitación, para implementar el Plan Integral de Seguridad ideado también por Manganaro, aunque en este caso como ministro.
Los diputados dudan entonces de la real existencia de las empresas que finalmente cobraron la compensación y el pedido a Gutiérrez, como máxima autoridad del BPN, tiene el objetivo de esclarecer las razones por las que se realizó un arreglo extrajudicial y el pago consecuente.
La información llegó a los legisladores por fuentes anónimas. La denuncia en la fiscalía fue presentada luego de que el 2 de agosto se solicitara información de la operación a Gutiérrez sin obtener respuesta.
