El 8 de setiembre del corriente año este diario publicó un artículo titulado "Jueces reclaman autarquía de presupuesto" (página 8, sección Nacionales). Allí se daba cuenta de que, en el marco de la Segunda Conferencia Nacional de Jueces realizada en Salta, encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Dr. Ricardo Lorenzetti, medio millar de magistrados había reclamado "autarquía presupuestaria plena" como un modo de garantizar la independencia.

Nuestra provincia ha sido pionera en la materia y la autarquía fue consagrada legislativamente (ley 1.971/92). Lleva funcionando cerca de quince años y, desde entonces, ha significado para el Tribunal Superior de Justicia la libre disposición del 18% del producido del régimen de coparticipación de impuestos nacionales, situación que, complementada con la atribución constitucional de elevar su propio presupuesto (artículo 240 inciso D de la carta provincial), le ha permitido no depender para su ejecución de otros poderes. Ha quedado garantizada por años, de ese modo, su independencia, finalidad esencial del instituto.

Pero los tiempos cambian y usualmente no para mejor. Luego de un lapso de bonanza que podríamos llamar de "vacas gordas" en mi opinión en gran medida desaprovechado, por razones que merecen un desarrollo aparte es posible hoy vislumbrar que en un futuro muy cercano las condiciones podrían modificarse radicalmente y podríamos encontrarnos en breve ante un escenario de "vacas muy flacas".

Sabido es que la masa dineraria que resulta del 18% de la coparticipación de impuestos nacionales tiene su correlato en el incremento de la economía nacional, que viene creciendo a un promedio de un 8% anual, a "tasas chinas" según algunos economistas. Tal crecimiento difícilmente pueda mantenerse, según los mismos especialistas, frente a indicadores negativos como el creciente inflacionario incremento de precios y los consecuentes reclamos salariales, la falta de inversión en áreas clave, la crisis energética, el previsible descongelamiento de las tarifas, la previsible terminación de un ciclo en que el alto nivel del precio internacional del crudo nos ha favorecido y otras cuestiones no menos significativas que irían a impactar directamente sobre el nivel general de ingresos de la provincia. De esto, desde luego, no quedaría exento el Poder Judicial.

Completa el sombrío cuadro anterior que el postergado por años plan de obras, sin duda alguna imprescindibles para el funcionamiento del Poder Judicial, implica un gran volumen de erogaciones. Considérese que en medio del escenario económico financiero antes descripto tendría lugar para este año la licitación de la primera etapa del edificio de tribunales para Neuquén cercana a los cien millones de pesos, a la que se agregan otras por aproximadamente veintisiete millones previstas para los edificios de Villa La Angostura, Cutral Co, Rincón de los Sauces y Chos Malal y los juzgados de Paz de El Cholar, El Chañar y Plottier sin contar las previstas para el 2008 en este análisis. Piénsese igualmente que los ahorros o reservas que tiene el Poder Judicial son insuficientes para afrontar semejantes realizaciones con sus propios recursos, pensados para ser destinados a su funcionamiento y no a afrontar un plan de obras de tal envergadura.

Algo más. Están próximas a ser tratadas por la Legislatura tres reformas importantes que llevaron su esfuerzo plasmar: el proyecto de nuevo Código de Procedimiento Penal, el de Procedimiento Civil y el de Procedimiento Administrativo, ninguna de las cuales podrá trasladarse del papel a la realidad sin las estructuras edilicias, los soportes técnicos consecuentes con su actualización, la creación y designación de nuevos cargos y la capacitación que éstos implican.

Ciertamente, administrar un poder del Estado con la sensación de que se dispone de abundantes recursos, como ha ocurrido hasta ahora, podría enmascarar ineficiencia, desorganización, improvisación, esfuerzos desperdigados y otros vicios. La nueva etapa que se avecina impone a quienes tenemos responsabilidades de conducción del Poder Judicial tomar conciencia de esta situación y estar a la altura de las exigencias que la hora impone. En este orden de ideas se expidió la Conferencia de Jueces cuando recomendó, en sus conclusiones, que cada Poder Judicial realice, en lo interno, una profunda evaluación crítica y un sincero reconocimiento de sus falencias y remarcó que la correcta aplicación de criterios de gestión institucional de los recursos materiales y humanos constituye una política de Estado del Poder Judicial.

Por mi parte, considero que el desafío de los nuevos tiempos nos impone vocación de servicio, austeridad republicana y participación, de la que no debe estar excluido ninguno de los actores del quehacer judicial: magistrados, funcionarios y empleados, lo que coadyuvará a un más eficiente aprovechamiento de los talentos, a evitar injustas prerrogativas y a un mejor control del destino de los fondos públicos.

ROBERTO O. FERNANDEZ (*)

Especial para "Río Negro"

(*) Vocal del Tribunal Superior

de Justicia del Neuquén