Para el gobierno, son las autoridades del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) las encargadas de dar una respuesta al conflicto salarial que repercutió con cortes de luz en organismos públicos en el interior.

La postura la fijó el subsecretario de Coordinación de Empresas Públicas, Rodolfo Laffitte, quien señaló que están "esperando que sean las autoridades de la empresa las que le den una solución al conflicto".

Desde el EPEN, el encargado de prensa, Martín Roqués, indicó que esperan la apertura de un canal de diálogo que ponga fin al conflicto, y que eso requiere de la intervención de "instancias superiores", que exceden el poder de respuesta que puede darles a los trabajadores el organismo.

Los empleados del EPEN de Chos Malal se plegaron al paro de ayer y realizaron una manifestación en las puertas de la Subgerencia Regional Norte. Prendieron neumáticos en el ingreso a las instalaciones y cubren sólo las guardias mínimas.

En Zapala alrededor de un centenar de trabajadores marcharon al Concejo Deliberante en apoyo al pedido de recomposición salarial.

Los delegados gremiales advirtieron acerca de posibles "cortes en el suministro debido a la falta de mantenimiento". Una de las consecuencias directas serían las interrupciones en las líneas que abastecen la zona. En Zapala funciona el Centro de Operaciones y Mantenimiento regional.

Roqués afirmó que tienen "la expectativa de que el diálogo se reencauce en el marco de las leyes vigentes".

En una rueda de prensa realizada en las veredas de la empresa, en la capital provincial, los trabajadores informaron que están analizando seguir con los cortes en organismos que mantengan deudas. Si bien dijeron que las desafectaciones no son consecuencia de la falta de un canal de negociación, sostuvieron que la deuda de más de 60.000.000 de pesos que mantienen dependencias del Estado, municipios y cooperativas, es uno de los factores que impide la posibilidad de aplicar las subas que reclaman.

Además, indicaron que la falta de decisión política para poner al día las acreencias, es una estrategia que busca "el vaciamiento para poder privatizar" el Ente.

En Villa La Angostura, la deuda de El Messidor ascendería a 50.000 pesos; la del CPE,a 20.000 y la del IPVU, a 13.000. Rentas, el Ministerio de Producción, el Registro Civil y Trabajo deberían 5.000 pesos.

Para muchos usuarios locales, la medida es acertada. "Me parece justo, si no pago dos meses a mi me cortan la luz, por qué a estos tipos se la tendrían que perdonar", aseguró un comerciante a este diario.

(AN/AVL/AZ/ACHM)