En los cuentos populares, un argumento clásico es el del burlador burlado.

El ingenio, cuando no la sabiduría popular, hilvana decenas de tramas de similar tenor: alguien despliega una estrategia para dejar atrás a sus adversarios, todo parece indicar que tendrá éxito, pero surge una impensada contrariedad y el escenario de pronto se convierte en otro distinto y adverso, lo que ofusca al burlador.

Tal parece la situación que vive en estos días la conducción del intervenido radicalismo rionegrino frente al kirchnerismo nacional: durante meses ambos sectores hablaron de una confluencia de ideas a la que unos llamaban Concertación y los otros Frente para la Victoria.

Los nombres, sabido es, no son poca cosa a la hora de convocar votantes. Como tampoco lo son los símbolos y los colores.

El tema es que la estrategia de acercamiento que funcionó muy bien en la elección provincial y le permitió a Miguel Saiz resultar reelecto invocando además de sus méritos su adhesión al gobierno nacional hoy les vale un disgusto no sólo al gobierno provincial sino también a muchos radicales de la provincia, que resisten la idea de votar una boleta que lleve a la cabeza el distintivo del Frente para la Victoria.

La intervención del distrito Río Negro de la UCR ya había preocupado al grupo dirigencial que acompaña al gobernador. Pero aquello se lo podían atribuir a la perversidad de la conducción nacional del partido.

En cambio, la no inscripción de la fórmula presidencial por parte de la Concertación Plural no parece ser culpa de la presunta maledicencia de Fernando Chironi ni del accionar de algún adversario ruin. Hay quienes lo ven como un exceso de confianza en que la inscripción era un mero trámite, hay quienes lo atribuyen a un olvido del dirigente mendocino que, al parecer, tenía encomendada tal tarea. Otros, en tanto, ven en este tema una celada tendida por el kirchnerismo y temen que el presidente se haya cobrado así "facturas" pendientes, como aquella negativa de Saiz a convocar a elecciones provinciales en la misma fecha que la presidencial de octubre.

La novedad cayó como balde de agua fría en el gobierno rionegrino. Y peor aún entre los radicales remisos a votar a candidatos peronistas, entre los cuales se cuenta el aspirante a senador Pablo Verani.

En cambio, dio algo de alivio al radicalismo "leal" a la conducción nacional, que encabezan en la provincia Fernando Chironi y Pedro Ansola. Y también al Frente para la Victoria "peronista", que viene de un revés tras otro en Río Negro.

El desasosiego de Saiz se calmó algo al hablar el director nacional electoral, Alejandro Tullio, esposo de una ex legisladora radical rionegrina. El funcionario dependiente del Ministerio del Interior aludió a un acta firmada por los partidos tendiente a asegurar que la palabra "Concertación" esté en la boleta presidencial. Lo mismo dijo el apoderado nacional del Frente para la Victoria, Hernán Diez.

Pero el viernes, la Cámara Nacional Electoral máxima autoridad del comicio ratificó que el único partido o alianza que inscribió la fórmula Cristina Fernández-Julio Cobos fue el Frente para la Victoria, lo que deja sin mucho margen de maniobra a los adherentes a la Concertación.

El punto es qué lugar ocupará la legalidad en todo este tema.

Porque, según las normas, quien quiera adherir a esa fórmula deberá hacerlo pegando su boleta para incorporar en los tramos inferiores a sus candidatos a senadores y a diputados nacionales. Y, en ellos, el logo que desee. Pero no en aquella primera.

El Código Nacional Electoral ley 19.945 con sus modificaciones no admite que en la boleta se incluyan nombres ni símbolos ajenos al partido que formalizó la inscripción. Todo está perfectamente normado en su artículo 62: los requisitos, los plazos, hasta los centímetros y el tamaño de las letras. En el siguiente se establece como requisito que los datos incluidos en la boleta concuerden con la lista registrada por el juez electoral.

Y la Junta Electoral, que tiene entre sus atribuciones aprobar las boletas de sufragio, está integrada por funcionarios judiciales y no por representantes del Ministerio del Interior, lo que relativiza las expresiones surgidas desde ese ámbito y que aluden a un acta firmada por los partidos para incluir la palabra "Concertación" en la boleta que estará en los cuartos oscuros de Río Negro.

Esta semana comenzará movida también en otro sentido: mañana lunes se cumplirá el plazo en el cual los comités seccionales de la UCR deberán responder a los interventores Juan Manuel Moure y Juan Octavio Gauna que expresen su apoyo a la fórmula presidencial Roberto Lavagna-Gerardo Morales. Se descuenta que la mayoría de ellos se negará, lo que ampliará la crisis interna del partido de gobierno. Si son intervenidos, cómo y por quién serán seguro tema en lo que queda del mes.

De todos modos, el escaso movimiento que hasta el momento tiene el resto de las listas que disputarán en la provincia el 28 de octubre tiene el clima político bastante calmo.

Como en los cuentos populares, el relato de la historia influye a veces en el pulso de la trama más que la historia misma. Y para conocer el final de la historia falta todavía algo más de un mes.

El Ipross, tema pendiente

La política preelectoral no suspende los problemas de gestión. Y el Ipross es uno de los mayores que enfrenta la gestión Saiz, frente al reclamo generalizado de afiliados, médicos y otros prestadores.

La cuestión de fondo es el desfinanciamiento del Estado y la evidencia de que el gobierno perdió la oportunidad de mejorar su eficiencia en la administración mientras duró el excedente producido por una recaudación abundante.

La respuesta de la obra social provincial a la protesta que durante dos días realizó la Federación Médica no dejó conforme a nadie. Un pago parcial, aun inferior al anunciado, molestó más que aliviar la tensión, lo que lleva a suponer que habrá nuevos cortes de servicio.

Esta semana se conocerá, en tanto, el fallo del Superior Tribunal de Justicia en el amparo iniciado por el Colegio Médico de la Zona Atlántica, en conflicto desde hace cuatro años con la obra social. En la capital está gran parte de los cerca de 120.000 afiliados al Ipross, por lo cual cualquier resolución que los involucre significará un replanteo central en las cuentas del organismo.

Esto sucede cuando el ministro de Hacienda, Pablo Verani, parece resuelto a apelar a soluciones poco ortodoxas frente a la sequía financiera: la unificación de cuentas y de pagos preanuncia mayores atrasos a proveedores y a contratistas de un Estado que, durante demasiado tiempo, privilegió la política y el crecimiento desmedido de su estructura de personal.

ALICIA MILLER

amiller@rionegro.com.ar