BAGDAD/DUBAI/LONDRES (DPA).- El gobierno de Irak anunció ayer que controlará a todas las empresas de seguridad privadas, tras el tiroteo que causó la muerte a 11 civiles durante el fin de semana.
El gabinete del primer ministro iraquí advirtió ayer que la actividad de esa empresas, que tienen desplegados en Irak hasta 50.000 guardias armados, tenía que ser "reconsiderada" en la ley.
El tiroteo se produjo el domingo tras la explosión de un coche bomba cerca de la mezquita Rahman, en el barrio bagdadí de al Mansur. Una caravana de automóviles de la empresa de seguridad estadounidense Blackwater pasaba por allí y el personal abrió fuego, en aparente reacción a las explosiones.
Ya se abrió una investigación contra Blackwater USA y se le rescindió la licencia. Sin embargo, hasta ayer no había sido expulsado ni detenido ningún miembro de la compañía.
Blackwater emitió ayer un comunicado y negó haber atacado a civiles. "Blackwater lamenta toda pérdida de vida, pero este convoy fue atacado violentamente por insurgentes armados, no civiles, y nuestra gente cumplió con su trabajo de defender vidas humanas", aseguró la portavoz Anne Tyrrell.
Mientras, opositores sunnitas denunciaron la falta de control estatal a los "mercenarios".
El estatuto legal de esta empresa, que emplea 1.000 guardias extranjeros en Irak y que beneficia de un contrato de 500 millones de dólares con el Pentágono, es incierto. Como el resto de empresas de seguridad extranjeras, Blackwater considera que está a salvo de cualquier demanda en Irak gracias al estatuto de inmunidad establecido en el 2004. El gobierno no opina igual. "Esta compañía está sujeta a la legislación iraquí y el crimen fue cometido en territorio iraquí, por lo que debe ser la justicia iraquí la responsable de juzgar el caso", aseguró el miembro del Consejo Judicial Supremo, el más alto tribunal del país, Abdul Sattar Ghafur Bairaqdar. "Los familiares de las víctimas tienen derecho a acudir a la justicia".
