VIEDMA (AV).- Un pedido de tres años de prisión en suspenso para el ex titular de la Caja de Previsión, Guillermo Pazzi, y otros funcionarios de menor jerarquía, fue solicitado ayer en el marco de una causa por supuestos actos de administración fraudulenta en perjuicio de ese organismo.

El planteo de la fiscal Adriana Zaratiegui fue realizado a los jueces de la Cámara del Crimen Pablo Estrabou, Roberto Maturana y Francisco Cerdera, quienes intervienen en una causa cuya mayoría de actos irregulares se encuentran prescriptos.

Tanto a Pazzi como al ex director de Administración, Roberto López Ocampos, y la ex subdirectora de Turismo, Sonia Nazetta, se les cuestionó no haber cuidado el patrimonio y no haber ampliado los concursos de precios en la construcción de un complejo turístico en el balneario El Cóndor.

En ese mismo marco, requirió dos años de prisión en suspenso para el empleado jerárquico Walter Colombil y un particular involucrado en la causa, José Antonio Herrero.

Para los cuatro ex funcionarios, pidió inhabilitación especial y perpetua para ejercer cargos públicos.

La funcionaria rechazó los testimonios que brindaron los acusados López Ocampos y Nazetta. El primero atribuyó el manejo de expedientes -cuyo monto sería menor a 15.000 pesos- al titular del ente previsional y empleados del organismo, mientras él se desempeñaba como intermediario.

Nazetta dijo ante el tribunal que tenía perfectamente claro que significaba un caso de administración fraudulenta, pero "nunca robé nada".

Para la fiscal, dentro de un alegato de más de dos horas, ambos conocían del movimiento de los expedientes dentro del proceso de pago a proveedores. Puso como ejemplo el caso de un doble libramiento de cheques por 1.300 pesos que involucraría a Nazetta y Colombil.

Zaratiegui dejó fuera de las acusaciones al actual funcionario judicial Gabriel Papparelli y Olga Queupil, quienes en la instrucción habían sido indicados como sospechados dentro de las operaciones de compra.

En la audiencia de ayer, quedaron al desnudo numerosos baches que presentó la investigación en primera instancia de estos hechos registrados hacia fines del siglo pasado.

En cambio, tuvo que desechar varias responsabilidades por encontrarse prescriptas las causas de otros hechos. Zaratiegui mencionó el pago de un recibo a proveedores que vulneró las normas de contabilidad de la provincia, previstas por la ley 847.

En esa línea, cuestionó la existencia de recibos en un traslado de muebles, liquidaciones de gastos sin la acreditación correspondiente, como el préstamo de facturas que hicieron terceros para cobrar trabajos en el complejo.

Al insistir en las falencias de la instrucción, Zaratiegui reveló que tampoco quedó acreditado y tenía carácter absolutorio para los imputados en una obra de gas, servicios de limpieza del complejo.

La extensa audiencia fue seguida por los abogados de los imputados Ovio Castello, Marcelo Chironi, Alberto Cortes, Adrián Borzak y Miguel Cardella. Casi todos los abogados se preparaban al cierre de esta edición para concretar los alegatos en defensa de los imputados.