NEUQUEN (AN).- El gobierno provincial no participó ayer de la audiencia judicial prevista con la defensora del Menor y el Adolescente, Nara Osés, en el contexto de la crisis de los anestesistas.

La reunión era un desprendimiento del fallo judicial que impidió la renuncia de dos de estos médicos del Hospital Neuquén y que instó al gobierno a que les busque reemplazantes en un plazo no mayor a seis meses.

Ayer, cerca de las 9, Osés junto a su adjunta Mónica Amicone se presentaron en el juzgado de Familia a cargo de María Vasvari, y esperaron cerca de media hora la llegada de algún representante oficial, lo que finalmente no ocurrió.

Era una de las posibilidades. La otra instancia posible era que el Ejecutivo presentara un plan para hacer frente a los múltiples problemas que sobrellevan los pacientes por el éxodo de este sector de profesionales, algo que ya repercutió en la suspensión de centenares de cirugías programadas.

Ahora la causa seguirá su curso; lo que no hubo es una instancia de acuerdo entre lo que expone en el amparo la defensora y lo que podría hacer el gobierno para solucionar la crisis.

La semana pasada la Sala I de la Cámara Civil falló a favor de un recurso de amparo presentado por la defensora. El dictamen frenó la renuncia de los dos anestesistas.

Como ahora el servicio de Anestesiología está integrado por cuatro médicos, Osés expuso que si se le daba curso a las dimisiones, surgiría una desprotección aún mayor para los pacientes. En un fallo sin precedentes, la Cámara hizo prevalecer el derecho de los ciudadanos a acceder a la salud por sobre el de los médicos a elegir dónde poder desempeñarse.

Desde hace tres años que los anestesiólogos empezaron a dejar sus puestos en instituciones públicas, algo que también sucede en otras provincias.

El argumento que esgrimen es la diferencia sustancial en el pago de haberes. Mientras en los hospitales provinciales cobran unos 5.000 pesos, en el privado sus honorarios llegan a trepar por encima de los 20.000 pesos mensuales.

A principios de año el gobierno emitió una normativa en la que subrayaba la carga pública que supone la función de los anestesistas, para así obligar a los del sector privado a desempeñarse en los hospitales públicos.