El propósito de estas líneas es aportar a la reflexión sobre la calidad de la enseñanza, la formación del profesorado y la reforma de la educación superior, como instrumentos para promover la innovación educativa y lograr mejores niveles de calidad y que se conviertan en instrumentos claves para el cambio de las leyes universitarias que se vienen discutiendo en nuestro país.
Entendemos que nuestra política de educación superior debe ser comprehensiva, considerando todos los componentes del sistema educativo. En particular teniendo en cuenta la perspectiva de una "educación para todos" y abordando el mejoramiento cualitativo de los diferentes niveles del sistema educativo.
Sus aportes más concretos pueden darse a través de diferentes líneas de acción, como ser la formación de docentes; la transformación de los alumnos en agentes activos de su propia formación; la promoción de la investigación socio-educativa respecto a problemas tales como la deserción temprana y la repetición; y su contribución a la elaboración de políticas de Estado en el campo educativo.
La primera consigna es jerarquizar la gratuidad de la enseñanza, el cogobierno y la autonomía universitaria, y la expansión de la universidad pública.
La segunda, fomentar y profundizar la transformación de las instituciones educativas en la región orientadas hacia una educación inclusiva, que asegure la igualdad y la atención a la diversidad del alumnado ingresante.
Entre 1985 y 1999 se presenta una relación directa entre el índice de pobreza y la deserción universitaria en nuestro país (1), situación que seguramente sigue vigente en la actualidad (lamentablemente en el último semestre el INDEC no ha calculado este índice).
El enfoque actual de la calidad de la educación universitaria la podríamos denominar "eficientista" que define a la calidad como aquella manera de administrar correctamente los escasos recursos asignados a las instituciones de enseñanza, que esperan sean mayores con la vigencia de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, el mecanismo imperante para mejorar y evaluar la calidad de la educación superior (CONADEU) a efectos de alcanzar el máximo de resultados educativos posibles.
Para lograr este objetivo deben aumentar los controles sobre el funcionamiento del sistema, administrar correctamente los insumos y ser eficientes en la asignación de los recursos. La calidad aquí es entendida como "rentabilización" de la inversión de esfuerzo, tiempo y recursos para obtener resultados tangibles. Esta concepción utiliza el nuevo lenguaje de la economía y "es toda la mentalidad de accountability que se ha impuesto en las dos últimas décadas en los sistemas escolares más desarrollados, que pide cuentas a las escuelas y a los profesores de la eficacia de los recursos que en ellas se invierten" (2).
Está muy lejos de la calidad de la educación constituida en la coherencia con los valores educativos que son la finalidad misma de la educación. Estos valores no son valores instrumentales, como la efectividad y
la eficiencia, sino conceptualizaciones de los potenciales humanos que un proceso educativo ha de aspirar a fomentar y desarrollar en los alumnos cuál es la formación de un pensamiento crítico, reflexivo e imaginativo para la apreciación de los valores humanos. Desde esta perspectiva en la calidad de la enseñanza se contemplan en forma integrada aspectos cuantitativos y cualitativos relacionados con los procesos y los productos educativos (3). Es así que, resulta evidente en el marco de la CONADEU el concepto inseparable de la calidad de la educación y la influencia de las ciencias económicas como marco conceptual para su desarrollo. Por el contrario, queda fuera de la evaluación la auto-reflexión e indagación sistemática de la realidad y el estudio de los factores sociales y de gestión institucional que se asocian a una enseñanza universitaria de calidad.
Por lo tanto nos planteamos que la efectividad de la tarea docente debe necesariamente contextualizarse, es decir, no perder de vista las variables sociales (desigualdad de los grupos que acceden a la facultad), de recursos y apoyos a la gestión docente y por último reconocer el impacto de las nuevas tecnologías que se han ido introduciendo paulatinamente en la educación generando nuevos desafíos al profesorado universitario. En nuestra universidad una educación de calidad debería orientarse a las diferentes formas de vincular la investigación y la docencia, como componentes integrados en las prácticas universitarias y no como actividades aisladas que tienden a dividir al personal entre "investigadores" y "docentes" como ocurre hasta el momento.
Mientras que el discurso reformista plantea como objetivos elevar la calidad y equidad, descentralizar la gestión, modernizar los procesos pedagógicos y generar un consenso social en torno a la necesidad de alcanzar esas metas, los resultados hasta el momento se caracterizan por la reducción de la participación del Estado como agente de intervención social y el progresivo aumento del déficit presupuestal de las universidades en general y de nuestra casa en particular.
Por ese motivo, para los educadores representa un gran desafío poder construir una política cultural, académica y científica con autonomía de las presiones técnicas y políticas que muchas veces están presentes en la firma de convenios y proyectos internacionales financiados por instituciones financieras como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que considera a la educación como "inversión", a los maestros como "insumo" y a la pedagogía como "repertorio de habilidades a enseñar" (4). Aunque no nos debemos olvidar que, independientemente de las posiciones tomadas por los actores en el debate de estas ideas, siempre "la variable de ajuste ha sido el salario docente".
Con estos antecedentes, creemos que la meta de una práctica docente de calidad en la gestión, la extensión y los aprendizajes en la enseñanza superior dependerá del nivel de profundización de una nueva ley universitaria basado en la reorganización general del sistema de enseñanza pública y la construcción, en ese marco, de un nuevo perfil de la profesión docente. En consecuencia, por lo menos dos son los caminos que deberían guiar el debate. En primer lugar, se debe discutir la necesidad y la urgencia de comenzar a cambiar el modelo profesionalista, burocrático y centralista, que todavía está presente en la mayor parte de nuestra universidad, por un nuevo diseño institucional donde se integre la docencia, la investigación, el desarrollo científico y la extensión universitaria. Para renovar estas prácticas es necesario establecer un nuevo marco jurídico que contemple entre otros temas: la discusión actual sobre calidad de la enseñanza, la necesidad de la administración estratégica de recursos, la nueva realidad e internalización del conocimiento, la evaluación de la gestión en contextos de crisis y el uso de tecnologías como apoyo a la educación universitaria.
"Debatir en esta situación el modelo de universidad no es un ejercicio teórico abstracto sino que constituye la clave para la introducción de las modificaciones estatutarias; éstas a su vez son la forma concreta en que se comienza a realizar aquel modelo y al mismo tiempo la puerta para que la normalización deje atrás a la crisis en lugar de postergarla" (5).
En conclusión, la construcción de un nuevo paradigma de organización y gestión del saber académico supone revisar en profundidad la estructura y la misión universitaria, el marco legal vigente y debe proponer alternativas reales y no sólo retóricas atadas a un pasado que es urgente cambiar.
(1) Mendía, J. (2005) Relaciones estructurales entre el porcentaje de egresados en las universidades públicas y la pobreza. Mimeo
(2) Sacristan, G. y Perez Gomes, J. (1995) Comprender y transformar la enseñanza. Ed. Morata. (4ta.ed) Madrid.
(3) De la Orden, A. (1996). Diccionario de las ciencias de la educación. Ed. Santillana. Madrid. p. 211.
(4) Coraggio, J.L. (1994). "Human Capital: The World Bank's Approach to Education in Latin America", en J. Cavanach et. al (editor). Beyond Bretton Wods, IPS/TNI, Washington.
(5) Salgado, J. M. (2007) De la crisis a la nueva universidad. El porqué de la democratización. Mimeo. 21 p.
JUAN M. MENDIA (*)
(*)Profesor titular, Facultad de Ciencias Agrarias, UNC.
Especial para "Río Negro"
