De haberse tratado de una provincia chica y pobre o de una de aquellas municipalidades bonaerenses en que siempre han sido frecuentes las maniobras políticas de legitimidad dudosa, el escándalo protagonizado por Juan Schiaretti y Luis Juez no hubiera resultado demasiado alarmante, pero sucede que Córdoba dista de ser un distrito menor. Por el contrario, es una de las provincias más grandes y más prósperas del país, motivo por el que han sido tan negativas las repercusiones nacionales e incluso internacionales del conflicto que se desató la noche del 2 de setiembre, después de que los cordobeses terminaron de votar en la elección para gobernador. Puede que no haya existido el fraude electoral denunciado en repetidas ocasiones por Juez, pero la actitud asumida por Schiaretti, que a pesar de insistir en que su presunto triunfo por un margen muy estrecho fue inobjetable se opuso a un nuevo conteo voto por voto aunque debería haber sido el primero en reclamarlo, sólo ha servido para intensificar la desconfianza que siente una proporción creciente de la ciudadanía por las instituciones fundamentales del país. Tampoco ha ayudado el espectáculo brindado por la Justicia, ya que en opinión de muchos, tanto en Córdoba como en muchas otras partes del país, está demasiado politizada como para ser considerada imparcial cuando está en juego una elección cuyos resultados podrían incidir en las carreras de todos los vinculados con el Poder Judicial.

Tiene razón el presidente Néstor Kirchner cuando dice que "la práctica de elegir" debe ser "clara, cristalina". También es necesario que se tomen medidas para que todos, con la eventual excepción de un puñado de contestatarios empedernidos, entiendan que los resultados electorales difundidos por las autoridades correspondientes reflejan con precisión la verdad. Sin embargo, merced al embrollo que se ha producido en Córdoba, dirigentes opositores como la candidata presidencial Elisa Carrió han podido afirmarse convencidos de que a menos que veedores de la Organización de Estados Americanos controlen las elecciones de octubre, algo similar podría ocurrir en escala nacional. Aunque tal reacción se haya debido más que nada a los intereses políticos de quien dice creer que los Kirchner se han puesto a socavar las instituciones democráticas del país, el que haya pedido la intervención de la OEA una candidata opositora significante ha sido con toda seguridad muy perjudicial para la imagen del país en el exterior, ya que solicitar la presencia de veedores internacionales es propio de "Estados fracasados" tan caóticos que ni siquiera están en condiciones de organizar elecciones aceptablemente limpias.

Por desgracia, las dudas en cuanto a la transparencia de las elecciones que han provocado la pelea entre Schiaretti y Juez surgieron en un momento en que la ciudadanía ya tenía motivos de sobra para sospechar que tanto el gobierno nacional como muchos provinciales la están engañando de manera sistemática, difundiendo información que es falsa o por lo menos distorsionada. Se teme que esté haciendo escuela lo que podría calificarse del método INDEC, que afecta no sólo a las estadísticas relacionadas con los aumentos mensuales del costo de vida sino también a muchas otras. Asimismo, la diferencia llamativa que se dio entre los resultados oficiales de las elecciones celebradas en ciertos distritos claves y los previstos por encuestadores afines al kirchnerismo ha estimulado las sospechas de que está en marcha una campaña psicológica destinada a hacer creer que los Kirchner son mucho más populares de lo que en realidad son y de este modo facilitarles "la construcción de poder". Puesto que la democracia depende de que haya un grado suficiente de confianza mutua, la sensación de que mucha información que se difunde es el producto de la imaginación de quienes manejan las usinas propagandísticas oficiales y por lo tanto no es digna de crédito está contribuyendo al deterioro institucional del país. Se trata de un tema que debería preocupar sobremanera a todos los integrantes de una clase política que hace apenas cinco años se vio repudiada por amplios sectores de la población, pero aunque algunos son conscientes de su importancia parecería que la mayoría no lo cuenta entre sus prioridades personales.