La Corte Suprema de Justicia de la Nación acaba de fallar a favor de nuestro diario porque, como siempre fue evidente, cuando el gobierno neuquino lo privó de publicidad oficial lo hizo no por querer reducir los gastos así supuestos, por patriotismo provincial como afirmaron los voceros oficiales o por tener buenos motivos para creer que privilegiar a otros medios le permitiría informar mejor a la ciudadanía, sino con la finalidad manifiesta de castigar al periodismo independiente por difundir información que no le gustaba. Se trataba, pues, de un intento flagrante por parte del gobierno de Jorge Sobisch de amordazar a la prensa. Aunque un juez de la Corte se las ingenió para convencerse de que no hubo vínculo alguno entre lo publicado en "Río Negro" y la decisión del gobierno neuquino y, de todos modos, de que las presiones de este tipo no constituyen una amenaza a la libertad de expresión, mientras que otros dos parecerían creer que son legítimas a menos que provoquen daños económicos muy graves, la mayoría de los ministros entendió muy bien que permitir que un gobierno aproveche el manejo del dinero público para perjudicar a aquellos medios que se resisten a dejarse intimidar y, desde luego, para favorecer a los obsecuentes, no ayudaría en absoluto a asegurar el clima de libertad necesario para que la democracia sea algo más que una expresión de deseos.

Puesto que Sobisch dista de ser el único mandatario que se supone facultado para emplear como un arma personal o partidaria el dinero que le aportan los contribuyentes, es de esperar que a partir de ahora la Corte exija que todos los intendentes municipales del país, así como los demás gobernadores provinciales y, huelga decirlo, el gobierno nacional cuya conducta en este ámbito sigue siendo escandalosa, modifiquen sus respectivas políticas mediáticas. Como es notorio, por razones políticas el gobierno del presidente Néstor Kirchner ha excluido por completo al semanario Noticias de la publicidad oficial, a pesar de que es por un margen muy amplio el más importante de su clase del país.

Aunque la mayoría de los ministros de la Corte Suprema reconoció que fueron inaceptables los motivos por los cuales el gobierno del Neuquén optó por quitar de golpe la publicidad que habitualmente daba a este diario, no aclaró cuáles son las pautas que deberían regir. Sin embargo, no es suficiente limitarse a condenar la discrecionalidad y la arbitrariedad que son típicas de tantos gobiernos. También es menester que haya reglas puntuales para que no quepan dudas acerca de cómo los gobiernos deberían manejar los presupuestos publicitarios. Puesto que éstos consisten en recursos públicos, no en fondos partidarios, las pautas deben basarse en factores como la tirada de los distintos medios gráficos y, en el caso de las emisoras de radio y de televisión, su penetración relativa en el mercado. Aunque a veces pueden aplicarse normas distintas, tomando en cuenta los temas que interesan al público de medios determinados, es esencial que sean lo bastante objetivas como para que el reparto no dependa de las preferencias políticas y de los prejuicios personales de los gobernantes.

Por lo tanto, hay cierta contradicción en la postura de la Corte según la que "no existe un derecho subjetivo de los medios de obtener publicidad oficial", lo que supone que es lícito excluir a distintos medios conforme a pautas fijadas por los gobernantes, pero que así y todo "el Estado no puede asignar los recursos de publicidad de manera arbitraria". Como el gobierno del Neuquén nos recordó, a los funcionarios siempre les es fácil confeccionar pretextos a primera vista convincentes para negarse a conceder publicidad a cualquier medio, por importante que éste fuera. Puesto que en los países democráticos, tanto los gobiernos como las entidades que manejan no pueden prescindir de la publicidad, deberían repartirla de forma equitativa e imparcial en base a pautas objetivas como las supuestas por la cantidad de lectores, oyentes o espectadores de los distintos medios de difusión y su interés en temas determinados, sin caer en la tentación de apropiarse del dinero público con el propósito de emplearlo para fines partidarios. Se trata de una asignatura pendiente que, por desgracia, no parece preocupar demasiado a muchos legisladores.